A menos de una semana de que la ex senadora Piedad Córdoba anunciara que hablaría sobre el crimen de Álvaro Gómez, miembros del partido FARC le comunicaron por escrito a la JEP que ese asesinato junto al de otras personas, lo había cometido la guerrilla.
Esa confesión puede ser uno de los retos mas importantes que hasta el momento se le presentan a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), porque expone de plano una de las facetas mas importantes del Acuerdo de Paz: si hay verdad: penas alternativas, si no la hay: justicia ordinaria y seguramente, condena en la cárcel.
Entre quienes dicen que los dirigentes del partido FARC están mintiendo y se están prestando para favorecer a otros inculpados, se argumenta que la guerrilla siempre se ufanó de sus acciones de guerra y que no publicitarlas cuando ocurrieron-como habría sido el caso del crimen de Álvaro Gómez-, es una prueba de que hoy mienten.
Se les olvida que en casos muy graves como el del atentado al Club El Nogal, las FARC esquivaron su responsabilidad durante mucho tiempo. Y que en la carta a la JEP anunciando la aceptación del asesinato de Gómez, también mencionan el asesinato de otros dirigentes que hasta hoy no se habían atribuido.
El presidente puso en duda esa confesión con el argumento falaz de que a sabiendas que no recibirían castigo, los miembros de FARC confesarían cualquier cosa. Pero su Comisionado de Paz (que algunos no vacilan en calificar como “comisionado de guerra”), expresó que quienes confesaron tan atroz crimen deberían ser detenidos. ¿Al fin qué: mienten para descalificarlos pero dicen la verdad para meterlos presos?
De parte de la familia Gómez, el sobrino del líder asesinado, el abogado Enrique Gómez Martínez quien lleva el caso, anunció que, si bien el nuevo escenario judicial que toma el crimen que lleva 25 años sin resolverse lo llena mas de dudas que de certezas, se constituirán en parte civil del proceso ante la JEP y se declara a la espera de las pruebas con las que la dirigencia del partido FARC desmienta lo que a su parecer ya está definido: que es un crimen de estado que involucra al ex presidente Samper y al ex vicepresidente Serpa.
Es, sin duda, un reto de marca mayor para la JEP, para el proceso de paz y para la dirigencia del partido FARC. Ante tal desafío es necesario insistir en el deber de respetar las decisiones de los tribunales sin olvidarse del derecho a controvertirlas dentro del marco de la ley.
Director: Habib Merheg Marún