Si bien el ministro y la bancada de Gobierno defendieron en todo momento su trabajo, para legisladores como Ángela María Robledo, de Colombia Humana, los indicadores de su gestión son negativos.
Lo primero que señaló fue el “irrespeto” a decisiones judiciales que lo obligaban a pedir perdón por desmanes ocurridos durante las protestas de noviembre pasado, en Bogotá, durante las cuales perdió la vida Dilan Cruz.
De acuerdo con Robledo, el ministro “abusa de su poder y pasa por encima de las leyes y de límites que son claves para la democracia. Su desacato al cumplimiento del fallo de la Corte es evidente. Y es indigno como asumió su particular perdón a las víctimas de los desafueros del Esmad”.
El ministro Trujillo respondió que ya cumplió con la petición general de pérdón que hizo pública el 11 septiembre pasado, y advirtió: “Lo que hice ese día fue espontáneo, nadie me lo ordenó, la tomé de manera autónoma, en el entendido de que mi conciencia señalaba que debía actuar de esa manera frente al dolor de la opinión pública por la muerte del señor Javier Ordóñez (ciudadano que murió tras las descargas de una taser de la Policía en Bogotá, en septiembre pasado). ¿Un perdón espontáneo vale menos que un perdón ordenado?”.
Pero la providencia se refería a que Trujillo debía pedir perdón públicamente por los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando murió Dylan Cruz, y por otros desmanes.
Ayer en la noche, esa decisión fue ratificada y el Tribunal Superior de Bogotá le dio un plazo de 24 horas a Trujillo para que pida perdón en los términos solicitados por la Corte Suprema el 22 de septiembre, en los que pidió “hacerlo como medida de reparación simbólica”.
Sin embargo, no fueron necesarias las 24 horas. Trujillo, en medio del debate de moción de censura, se disculpó -en nombre de la Policía- por los hechos que ocurrieron desde el 21 de noviembre pasado, cuando fue asesinado Dilan Cruz. No obstante, el ministro insistió en que ya había cumplido con la orden del Alto Tribunal.
Otro de los señalamientos sobre el ministro que esgrimieron los representantes, tiene que ver con el “autoritarismo” con el que se ha manejado la política de seguridad.
Inti Asprilla, del Partido Verde, dijo que el país está en una “dictablanda” (dictadura blanda), un término que “se usaba para definir la forma como gobernaba Gustavo Rojas Pinilla, en la que el Ejecutivo quiere coartar los otros poderes públicos y que lo hace con ayuda del ministro”.
Pero Trujillo le dijo que el Gobierno cumple la Constitución y vela por los derechos de todos los colombianos.
Director: Habib Merheg Marún
