La defensa de Gustavo Bolívar ante el Consejo de Estado, básicamente estuvo centrada en corroborar que se trató de una donación para la protección de unos jóvenes en una protesta justa y que la Primera Línea no es considerado un movimiento político, a pesar que su comportamiento estuvo comprometido con actos violentos.
mala interpretación de la norma
Debe tenerse en la cuenta que la norma “prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas” es “hacer contribución alguna a partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan”, so pena de perder, en este caso su investidura como congresista.
La ponencia del magistrado Carlos Moreno estaría lista, acatando también el concepto de la Procuraduría orientado en ese sentido, y solo le faltarían las firmas de todos los magistrados para que sea notificada.
Bolívar celebró con cautela la decisión, recordando que todavía le quedan otras instancias por resolver por ese mismo tema: “Tres en Procuraduría, una en Consejo de Estado y dos más en Corte Suprema“.
