La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió un comunicado este martes 20 de octubre para solicitarle a la ministra de las Culturas, Paola Holguín Moreno, que dé información sobre las piezas que fueron retiradas la semana anterior del Museo Nacional.
En la solicitud, la defensora Marín solicitó, además, que se explique cuáles son los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos para decidir retirar las 30 piezas, entre las cuales artículos relacionados con el Acuerdo de Paz de 2016, los movimientos LGBTI y feministas, las víctimas de la Unión Patriótica (UP) y sobre Carlos Pizarro.
En el comunicado de la Defensoría también se pidió que se esclarezca si se modificó el nombre del jardín dedicado a Miguel Ángel Díaz, quien, según la propia página del Ministerio de las Culturas, era un dirigente sindical del Instituto Colombiano de Cultura “desaparecido forzosamente por el Estado y el paramilitarismo” en el año 1984.
Además de pedir si fue modificado el nombre del jardín, se solicitó el fundamento de la decisión y si su familia fue informada.
La ministra de las Culturas, Paola Holguín, se había pronunciado la semana anterior sobre la situación y aseguró que los elementos fueron retirados porque la vocación del Museo Nacional «no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas (…) espacio de apología al delito o revictimización».
Entre las personas que han solicitado información sobre el retiro de las piezas está Alba Lucía Reyes, quien en 2021 donó al Museo la chaqueta de prom de su hijo Sergio Urrego, el joven que se quitó la vida en el 2014, a sus 16 años, después de que docentes y directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre, de Bogotá, lo hostigaran y cuestionaran por su orientación sexual.
En su comunicado, la Defensoría del Pueblo cerró diciendo: “La preservación de la memoria histórica y el acceso a la cultura exigen reconocer la diversidad de voces, experiencias y relatos que forman parte de nuestra historia. Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas”.
