En la Audiencia realizada por la JEP en Medellín para indagar sobre los desaparecidos en la zona de influencia del macroproyecto de Hidroituango, nadie pudo estimar el universo de víctimas de desaparición forzada en la región, ni la Gobernación de Antioquia, ni la Fiscalía, ni EPM, ni la Fundación Socya. Así las cosas, los magistrados interpretaron que sin saber a cuántos hay que buscar, no es posible definir si ya se han encontrado todos o no.
La única fuente que da un aproximado es el Observatorio de Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica que habla de 667 casos, como informó Luis Gabriel Salas, geógrafo de Grupo de Análisis de la Información de la JEP. Ahora, si la Fiscalía realizó exhumación de 196 cuerpos, quedan 471 por encontrar.
Por eso la magistratura ordenó a la Fiscalía entregar en 10 días, una cifra sobre cuántos desaparecidos hay en los 12 municipios de influencia del proyecto y en los seis motivo de la audiencia Pública.
Exhumaciones
La explicación que dio el fiscal de Justicia Transicional, Alfonso José Alvear, encargado de las exhumaciones en esa región, acerca de la certificación que EPM recibió por parte de la Fiscalía para intervenir los cementerios de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá) es queel ente investigador “fue supremamente claro al informar que los únicos cuerpos que intervendría serían los que precedieran un hecho violento, los de muerte natural tenían que ser asumidos por la autoridad municipal”.
Según su relato, el ente investigador exhumó los cuerpos no identificados y permitió que EPM, a través del equipo de Antropología de la Universidad de Antioquia, recupera los restos de muertos de forma natural para su traslado administrativo. Pero ante la inquietud de los magistrados porque 324 de los 349 supuestamente recuperados siguen sin identificar, el funcionario indicó: “No hemos tenido información de que alguno de esos cuerpos tenga características de hechos violentos. En caso de que los haya me los debo llevar para mi laboratorio… No puedo decir que no son desaparecidos porque no conozco la totalidad de los cuerpos”.
Alvear narró, además, cómo se realizaron en la zona de influencia de Hidroituango 195 diligencias, se hicieron 23 prospecciones, de las cuales se identificaron y entregaron 115 cuerpos en ceremonias dignas a sus familiares. Quedan en proceso de identificación 22 cuerpos y 58 se mantienen en condición de no identificado.
Además, el fiscal señaló que cuando se estaba haciendo el llenado de la presa y se secó el río aguas abajo se hizo una diligencia en donde debía estar el cauce del río y encontraron los restos de una persona. Para el caso del tramo seco que iba a ser inundado se hizo una diligencia con georradar y resultó negativo para restos óseos, sin precisar la longitud del tramo.
A lo que Alirio Uribe, quien intervino en nombre de Ríos Vivos y Movice, manifestó: “esta audiencia deja ver como en el afán de llenar la presa, varios terceros se adjudicaron competencias que no tenían, y la Fiscalía no cumplió a cabalidad con la búsqueda de desaparecidos en el cañón del río Cauca”.
A modo de conclusión, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, presidenta de la Sección de Ausencia de Verdad y Responsabilidad, señaló que “en casos de desaparición forzada, se demanda de todas las entidades la debida diligencia pero también la imaginación para poder recuperarlos. Tenemos la obligación moral y ética de buscar a todas las personas dadas por desaparecidos. Aveces parece que nos quisieran condenar al olvido de mutuo acuerdo”.
Alternativas
La sección dio plazos para el cumplimiento de cada una de las órdenes impartidas en la audiencia. Después de recibida y de realizada la inspección técnica en el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Antioquia, los magistrados revisarán todo el expediente y tomarán decisiones con respecto a las medidas cautelares que piden las víctimas para la protección de los sitios de posible inhumación de personas dadas por desaparecidas.
En la audiencia se oyeron por parte del vocero de las víctimas algunas alternativas, como desembalsar la presa hasta la cota 260 para facilitar la búsqueda en algunas playas, la búsqueda submarina con buzos, la siembra de bosques de galería para que no se produzcan más derrumbes que puedan afectar posibles sitios de enterramiento y que la orden de protección de los sitios incluya a los líderes y habitantes del cañón del río Cauca, ya que ellos son quienes saben dónde enterraron a los muertos que bajaban por el río.
“Queremos manifestar nuestro profundo deseo y empeño para que los objetivos de esta audiencia se logren y podamos avanzar en la respuesta que ustedes madres, esposas, hijas, familiares, allegados, habitantes del territorio han clamado por tanto tiempo”, dijo el magistrado de la JEP Gustavo Salazar.
Director: Habib Merheg Marún
