Hoy se termina el primer periodo de la segunda legislatura en el Congreso. La semana pasada los congresistas trabajaron a todo vapor para alcanzar varias iniciativas que estaban pendientes. Dentro de ellas, tres proyectos producto de la mesa anticorrupción a finales de 2018. Cada uno dio un paso para convertirse en ley de la República.
El más adelantado es un proyecto que obliga a los altos servidores públicos a mostrar su declaración de renta. Con esto se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control social. El texto del proyecto ya cumplió con los cuatro debates y ahora pasa a sanción presidencial.
En esta carrera, le sigue el proyecto de los ‘pliegos tipo’, en contraposición con los denominados ‘pliegos sastre’. En plata blanca, esta iniciativa busca que la contratación estatal no se acomode a un contratista específico, sino que sea estandarizada y genere una sana competencia entre los aspirantes. A este trámite le falta la conciliación entre los textos de Senado y Cámara, para luego pasar a la firma del presidente Iván Duque.
“Actualmente, hay pliegos tipo solo para las obras públicas. Esta iniciativa busca que, cuando se va a convocar a una licitación, no se haga pensando en el contratista, sino en un proceso transparente y en lo que requiere la administración”, expresó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien impulsó el proyecto desde su cartera.
Un tercer proyecto, que hoy podría tener su último debate en el Congreso, es el que busca regular las sanciones para los condenados por corrupción. Entre otras disposiciones, se encuentra la eliminación de casa por cárcel y la imposibilidad de volver a contratar con el Estado.
Los tres proyectos fueron presentados por el Gobierno Nacional como resultado de la mesa Anticorrupción que tuvo lugar en septiembre de 2018.
La recta final de estas iniciativas en el legislativo coincide con la ola de indignación que vive el país, manifestada en las múltiples marchas a nivel nacional. Sin duda, a primera vista es posible ver esto como un reflejo de las peticiones de los marchantes en la actividad legislativa, sin embargo, ¿Qué tanta relación existe entre las marchas y el trámite de estas iniciativas en el Congreso?
“No hay duda que una causa bien importante del paro es la indignación que hay en Colombia contra la corrupción y contra la actitud negligente del gobierno de Duque frente a ella”, le dijo el Senador Jorge Enrique Robledo a este diario.
Para el Representante a la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado hay dos elementos coyunturales que describen la situación. “Primero, para un politólogo sería evidente que la ola de indignación nacional ha influido en la agenda parlamentaria. Segundo, es la renovación del Congreso, en especial de la Cámara, que tuvo una renovación altísima, con nuevos liderazgos y más activa«
“Políticamente, algunos puntos de la consulta anticorrupción, tienen efecto simbólico, no real. El hecho de enseñar la declaración de renta podría generar que se crea que el que tiene mucho es porque es muy bandido y el que tiene menos es porque es bueno”, añade Peinado. Según el representante, esto no podría ser un elemento de juicio y no ataca la corrupción directamente, pero sí desarrolla el ejercicio de la transparencia.
En la misma línea, el senador Robledo, asegura que “es notoriamente mala la actitud de las mayorías del Congreso de Colombia frente a los proyectos de ley anticorrupción, en particular de los que salieron de la gran votación de la Consulta anticorrupción”, esto frente al balance que, de los siete puntos, cuatro naufragaron en el Congreso y sólo tres salen avantes hoy.
Director: Habib Merheg Marún