Los coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez no aceptaron responsabilidad por los “falsos positivos” que sucedieron en su área cuando comandaron el Batallón La Popa en Cesar y podrían perder los beneficios que otorga la ley a quienes se someten a la JEP y cumplen sus requisitos.
Ambos fueron procesados por “homicidio en persona protegida y desaparición forzada”. La JEP asegura tener bases suficientes para afirmar que entre enero de 2002 y julio de 2005, en la zona se cometieron 77 hechos de asesinato y/o desaparición forzada.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se apresta a definir si el proceso contra los dos coroneles pasa a etapa de juicio en el cual podrán participar tanto la Procuraduría como las víctimas.
Los oficiales, al negar su responsabilidad en los hechos, podrían perder los beneficios que entrega la ley a quienes acepten cargos y en el juicio afrontarán penas entre los 15 y los 20 años.
