Un nuevo capítulo comenzó a escribirse en la candente disputa interna que se vive en las entrañas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que ahora se relaciona con el manejo de los recursos que tiene esta entidad transicional.
En un concepto que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP –su fiscalía– le remitió a la Corte Constitucional, defendiendo la autonomía presupuestal que le dio el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Iván Duque, se va lanza en ristre contra la Secretaría Ejecutiva de la entidad señalándola de ponerle trabas para acceder a recursos que garanticen la ejecución de sus tareas.
“La UIA ha realizado trámites para cubrir necesidades que impactan directamente la eficacia de sus funciones constitucionales y legales, encontrando numerosas dificultades administrativas, a través de la Secretaría Ejecutiva, que impiden el acceso a los recursos y el cubrimiento de las necesidades en comento”, se lee en el documento conocido por EL TIEMPO y firmado por Giovanni Álvarez, jefe de la llamada fiscalía de la JEP.
Este escrito –del 25 de julio– le fue remitido al alto tribunal en el marco de una demanda de inconstitucionalidad que un grupo de congresistas presentó sobre el artículo 141 del PND, en el cual se autorizó a la fiscalía de la JEP a tener un presupuesto independiente al que maneja el resto de la órbita transicional, lo cual no cayó nada bien en ese tribunal de paz. De hecho, se llegó a afirmar que se trató de una maniobra para desnaturalizar al organismo de paz.
Pero la Unidad de Investigación no lo cree así. Por eso ratificó que si se quiere garantizar su buen desempeño es necesario que se le permita manejar sus propios recursos.
“La UIA desconoce las razones por las cuales se presentan las barreras administrativas antes indicadas por parte de la Secretaría Ejecutiva (…), en relación con la administración de recursos que le corresponden y que están siendo conducidos por la Secretaría Ejecutiva, pues estos, claramente, no son ni convenientes, ni consecuentes ni suficientes con la realidad misional”, se precisa en el concepto.‘Porcentaje irrisorio’
Incluso, se queja de que está “en absoluta desventaja en la toma de decisiones presupuestales”, ya que de los 90.358 millones de pesos que la JEP tiene de presupuesto de inversión, solo se le asigna un “porcentaje irrisorio” del 4 por ciento. Y de los 202.107 millones de funcionamiento, solo recibe 34.929 millones. Esto, añade, se debe a que en la instancia en la que se toman las decisiones solo tiene uno de los 8 asientos: son minoría.
No obstante, hay voces en contra. Una es de la Comisión Colombiana de Juristas, que argumenta que manteniendo el sistema actual se garantiza el blindaje jurídico al acuerdo de paz con las Farc.
“Al entregar a la UIA un presupuesto separado del que corresponde a la JEP, sin una razón presente en la constitución, se cambia la naturaleza de la UIA y se le convierte, en la práctica y administrativamente, en un órgano separado de la JEP”, puntualiza la Comisión.
Así las cosas, lo que se evidencia es otro agarrón en la JEP que también se divide por nombramientos y hasta por el uso de la sede en la que funciona el tribunal en Bogotá. La Corte Constitucional tiene la última palabra.
Director: Habib Merheg Marún
