La Cámara Baja de los estados Unidos aprobó dos enmiendas que obligan a Colombia a responder por la utilización de los recursos de cooperación. Los textos quedaron en manos del Senado.
La primera enmienda, propuesta por el congresista Jim McGovern, da un plazo de 120 días para que las autoridades de los Estados Unidos recopilen la información para evaluar “las acusaciones de que la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos prestada al Gobierno de Colombia fue utilizada con fines de vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia dictada a la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas y la oposición política”.
El senado espera recibir un informe que deberá contener un resumen detallado de los hallazgos con respecto a cualquier participación de unidades militares, de policía, de seguridad o de inteligencia colombianas en actividades ilegales vigilancia o recopilación de inteligencia dirigida a sectores de la población civil y no combatientes desde 2002 hasta 2018; cualquier hallazgo con respecto a cualquier vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia alegada o informada por colombianos unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia en 2019 y 2020 y una evaluación del alcance total de tales actividades, incluida la identificación de las unidades involucradas, las cadenas de mando relevantes y la naturaleza y objetivos de dicha vigilancia o recolección de inteligencia.
Así las cosas, el gobierno estaría condicionado a presentar informes, dados los últimos escándalos de uso de esos fondos a conveniencia de Estado colombiano, en actividades que nada tienen que ver con el apoyo que reciben.
Director: Habib Merheg Marún
