Por Mauricio Marulanda
Mientras el gobierno Duque, asegura que está investigando los continuos asesinatos de líderes sociales en Colombia, que se convirtieron en una constante en nuestro país, la comunidad de Caño Totumo,en la vereda de Filoguamo, al Norte de Santander, lograron capturar a cuatro militares activos del ejército nacional, que habrían asesinado al líder social Salvador Jaime Duran, quien recibió cinco impactos de arma larga.
La noticia que llega al exterior, gracias a medios independientes, deja sobre la mesa la discusión sobre la participación de miembros del ejército en los asesinatos de líderes sociales.
El asesinato fue denunciado por la Asociación de Campesinos del Catatumbo ASCAMCAT quien también indicó a través de un comunicado que “al escuchar los disparos, la comunidad reacciona inmediatamente, logrando ver como cuatro personas uniformadas corren del lugar de los hechos, los cuales son seguidos por la comunidad y se unen a la patrulla militar del Ejército Nacional”.
La comunidad de Caño Totumo en el departamento colombiano Norte de Santander entregaron este domingo a funcionarios de las Fiscalía a los militares involucrados en el asesinato del líder campesino Salvador Jaime Durán.
Tras mantener un diálogo con representantes de la Fiscalía, la comunidad hizo entrega de los seis militares supuestamente involucrados en la ejecución de Salvador Jaime Durán.
Habitantes de Teorama, Norte de Santander, insisten en que el joven Salvador Jaime fue asesinado por soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Vulcano, la misma a la que pertenecían los uniformados implicados en el asesinato de Dimar Torres, desmovilizado de las extintas Farc. El Ejército insinúa que la víctima es miembro del Eln y acusa a la comunidad de alterar la escena de los hechos.
Lo curioso del asunto, es que cuando los militares fueron capturados por la comunidad, el Sargento Yunda (del ejército), negó que dichos soldados estuvieran bajo su mando, pero una vez llega la comisión del ejército, el Sargento se retracta de lo dicho y asegura que esos hombres sí perteneces a la Fuerza Vulcano, pero aseguran que la comunidad alteró la escena del crimen para incriminar a los soldados.
La versión del Ejército, mediante un pronunciamiento oficial de la entidad, refiere que el 27 de junio las tropas de este Comando, de la Fuerza de Tarea Vulcano, desarrollaban “operaciones de seguridad y defensa en ese sector, y según las primeras informaciones, fueron atacadas ocasionando un intercambio de disparos”. Sobre lo ocurrido, continúa el pronunciamiento, se dio aviso a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Esta misma versión fue entregada por el general Oliverio Pérez Mahecha, a cargo de la Fuerza de Tarea Vulcano el 28 de junio, pero fue ampliado en la noche de este lunes 29 de junio en un nuevo comunicado. Este pronunciamiento se da luego de que se conocieran algunas fotografías de un integrante del Eln, cuya identidad supuestamente correspondería a la de Jaime. “Estas fotos habrían sido tomadas el pasado 14 de junio de 2020 en el momento en el que el Eln entregaba a la Defensoría, al Comité de la Cruz Roja y la Diócesis de Ocaña, dos auxiliares de la Policía que tenían secuestrados”, refiere el comunicado del Ejército. Este material ya está en manos de la Fiscalía, añade.
De igual forma, el Ejército agrega otro detalle a su versión diciendo “es de conocimiento de la Fiscalía la alteración de la escena de los hechos, al parecer por la población del sector. Así mismo se comunicaron al ente investigador las irregularidades de las que fueron objeto seis de nuestro militares”.
Tanto el acta entregada por las comunidades y los dos comunicados del Ejército dejan preguntas que resolverá la investigación de la Fiscalía. Habrá que ver de qué manera se esclarecen las circunstancias de modo y lugar en la que se dio el asesinato de Jaime.
Aún así, cabe recordar que militares adscritos a esta misma Fuerza de Tarea Vulcano, citada en los hechos, fueron los responsables del asesinato de Dimar Torres (desmovilizado de las Farc), el 22 de abril de 2019, en el municipio de Convención, a solo 30 minutos de donde fue asesinado Salvador Jaime. Por el caso de Dimar Torres, el cabo retirado Daniel Eduardo Gómez Robledo fue condenado a 20 años de prisión, y el coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquita y tres soldados profesionales (Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón) irán a juicio porque habrían planeado conjuntamente el crimen.
Mientras las fuerzas militares se sostienen en su versión, la presidencia de Duque sigue muy ocupada en sus transmisiones diarias de la pandemia y deja el tema a un lado.
En definitiva las cosas pasan y se quedan en el olvido, como las diarias muertes de líderes sociales que pasan inadvertidas en las altas esferas del Ministerio de Defensa.
