Por tercera vez en menos de 6 meses, la Fiscalía general de la Nación ha quedado en entredicho frente a afirmaciones periodísticas que, documento en mano, han revelado actuaciones poco claras de familiares del fiscal general y de miembros de su grupo de fiscales.
Primero fueron los videos donde se podía ver cómo las mascotas del fiscal eran sacadas a pasear en vehículos de la Fiscalía y llevadas por personal de la institución. Luego, el episodio de la esposa del Fiscal que en horas de la noche ingresó a una dependencia de la entidad para sacar varias cajas. La semana anterior, el turno fue para las empleadas de cafetería que terminaron trabajando en la casa del propio fiscal general como empleadas domésticas.
El caso ahora fue el de un supuesto arreglo entre la Fiscalía y el delincuente Emilio Tapia, famoso por ser líder del robo conocido como “el carrusel de la contratación” y el de Centros Poblados que con pólizas falsas logró recibir 70 mil millones que se esfumaron.
Una vez se supo cada caso, al instante la Fiscalía produjo comunicados desmintiendo los hechos y, de paso, tratando peyorativamente a los periodistas que los denunciaron.
Con Tapia fue igual: la Fiscalía negó la información a lo cual su denunciante, Daniel Coronell, procedió a publicar los audios donde el propio Tapia cuenta en qué consiste el acuerdo, en qué etapa va y en calidad de qué va a entregar algunos millones. Es decir, sí hay pruebas de que el contratista pretende salir, otra vez, ganando en sus acuerdos con la justicia.
