Opinión: Kico Becerra
A raíz de la posesión de los gobernantes regionales, ha quedado nuevamente en manifiesto una de las causas mayores de la corrupción estatal: Los empleados temporales.
Estos son los contratados por servicios, llamados PS, que año tras año requieren del apoyo de un diputado o un concejal para que les renueven el contrato.
Estos funcionarios, que llevan hasta 15 años en esta condición, son víctimas de la extorsión, si no colaboran con dinero y otras canonjías a su «jefe politico»; son la mayoría de los empleados regionales y hacen que cada año las administraciones se paren casi completamente mientras se les nombra.
Cuando llega el nuevo gobernante, que ha derrotado a quienes han detentado el poder, se encuentran con la disyuntiva de nombrar a los que ya venían o nombrar nuevos que representen las realidades políticas.
Esto que parece fácil es muy complicado pues significa perder la memoria institucional y nombrar a quienes deben aprender sus funciones, trayendo como consecuencia una prestación nula de los servicios requeridos por la comunidad. ¿Se imaginan ustedes una empresa que cambie de un día para otro el 60 % de sus trabajadores?.
Esa es la razón por la cual no han podido arrancar las gobernaciones y las alcaldías. La única solución a esto es que, algún gobierno cumpla lo que promete siempre en campaña: Acabar con los PS y nombrar por concurso a la nómina requerida en cada entidad.
Esto no pasará porque de la contribución de esos empleados viven y se enriquecen muchos políticos y por ahí comienza la galopante corrupción. Hay plata para todo menos para adecuar la nómina oficial y evitar este desafuero.
Ñapa: ¿Todos los últimos 5 presidentes han prometido eliminar con la vagabundería de los PS. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no quieren acabar con la corrupción, me contestó mi gurú de Palmaseca.
Ñapita: ¿saben cuanto le sacan del salario a los PS algunos diputados y los concejales?
Nada, según la procuraduría y la fiscalía. Mínimo el 20% lo sabe todo el mundo.
