A las advertencias del superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, sobre la lupa que les pondrá a las irregularidades que se cometan en el proceso de vacunación se sumó una decisión más concreta: a quienes sean sorprendidos como colados en la lista de priorizados se les aplicarán sanciones de hasta $1.800 millones, equivalentes a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y penas de cárcel.
El Superintendente advirtió que estos montos en las sanciones los recibirían las personas naturales, pero las investigaciones alcanzarán también a las instituciones, que de ser sorprendidas en estas prácticas podrían recibir sanciones hasta de 8.000 salarios mínimos.
El superintendente Aristizábal, en la alocución presidencial que se hace diariamente por televisión, precisó que su dependencia está articulada con la Contraloría y la Procuraduría para vigilar este proceso.
El presidente Iván Duque añadió que como estas personas, “se valen de mecanismos fraudulentos para recibir la vacuna violando el Plan Nacional de Vacunación, es perfectamente aplicable el Código Penal Colombiano cuando se habla de la inobservancia de las medidas de las autoridades sanitarias para contener una epidemia”, por lo cual también se podrían aplicar sanciones de hasta más de cinco años de cárcel (64 meses según el Código Penal Colombiano”.
Las advertencias del mandatario se extendieron a las IPS y EPS que incurran en este delito, cuyas sanciones serían más severas.
