Un Fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medida de extinción de dominio sobre siete predios avaluados en más de $3.390 millones de pesos y que habrían sido adquiridos irregularmente por tres personas, entre las cuales están el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y el senador Édgar de Jesús Díaz Contreras, del partido Cambio Radical.

Según la Fiscalía, entre el 2009 y el 2012, se presentaron irregularidades en un proyecto de suministro de materiales derivados de rocas en Norte de Santander, lo que derivó en un detrimento de $3.700 millones de pesos. Cuando ese contrato se adjudicó Villamizar Laguado estaba en su primer periodo como gobernador. Después, fue sucedido en ese cargo por Díaz Contreras, actual senador.
Paralelamente, Villamizar Laguado, Díaz Contreras y un contratista identificado como Pedro Antonio Silva Ruiz adquirieron siete propiedades por un valor de $3.390 millones de pesos. Por lo que la Fiscalía asumió “que (las compras) serían producto directo e indirecto de una actividad ilícita”.

“Los elementos materiales probatorios indican que los siete bienes habrían sido adquiridos durante el periodo en el que se presentaron presuntas irregularidades en la celebración, ejecución y liquidación de un contrato para el suministro de materiales pétreos, en el que se detectó un posible detrimento patrimonial por más de $3.700 millones de pesos”.
De los siete bienes ocupados, tres pertenecían al senador Díaz Contreras, tres al contratista Silva Ruiz y uno al gobernador Villamizar Laguado.

No es la primera vez que el gobernador nortesantandereano se ve salpicado en un escándalo. En el 2009, durante su primer mandato departamental, fue suspendido por la Contraloría luego de financiar dos proyectos con dinero que pertenecía al Fondo Nacional de Calamidades. Después, en el 2019, durante su segundo mandato, fue suspendido por la Procuraduría por irregularidades en un contrato de bilingüismo por $11.998 millones con la empresa Nui Telco S.A.S.
Los bienes ocupados por la Fiscalía están ubicados en Villa del Rosario y Los Patios, Norte de Santander, y en Bogotá.