El general Jorge Horacio Romero Pinzón, retirado de las filas castrenses el pasado 9 de julio tras las denuncias de la revista Semana, es el principal sospechoso del escándalo de corrupción que sacude a la Cuarta de Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
Un expediente que hace una semana derivó en las capturas de nueve personas, entre ellas seis militares, incluidos dos coroneles y tres contratistas, que harían parte de un entramado ilegal que cobraba sobornos, amarraba contratos y controlaba los hilos del poder en la brigada.
Tras un año de pesquisas, la Fiscalía se apresta a resolver en los próximos días si hay mérito o no para formularle cargos al general por estos hechos. Sin embargo, documentos en poder de Noticias Caracol podrían ponerlo aún más en apuros; esta vez porque desde mayo de 2017 tuvo conocimiento de las irregularidades en la contratación de la brigada y no solo no tomó medidas para evitar el desangre, sino que él mismo, con su puño y letra, archivó las denuncias y les dio cristiana sepultura a los procesos.
Por ejemplo, una denuncia escrita a mano de tres páginas, del 30 de mayo de 2017, fue hecha por un oficial cuyo nombre protegemos por seguridad.
Allí se reseña cómo el coronel en retiro Harold Felipe Páez Roa, entonces comandante del Batallón de Servicios Yariguíes, y el mayor Edwin Eduardo Carrillo, jefe de presupuesto, amañaban los pliegos de los contratos para dárselos a dedo a sus proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso.
«Ellos antes de lanzar cada proceso se reunían con los que servían de proveedores y organizaban los pliegos. Yo esto trataba de impedirlo», denuncia el oficial anónimo.
Según el testigo, tras sus denuncias, fue sacado de los procesos de contratación de la brigada.
«En abril (de 2017) deciden sacarme del cargo ya que era un estorbo para lo que ellos habían planeado desde enero (…) Y así culmina el año con todos o la mayoría de los procesos amarrados» añade.
Aunque había nombres concretos, cargos y graves anomalías por verificar, menos de tres meses después la denuncia fue archivada.
Así se lee en un documento del 22 de agosto de 2017 firmado por el general Jorge Horacio Romero como comandante de la Cuarta Brigada. El auto de rechazo asegura textualmente lo siguiente:
«Los hechos que se narran en la queja son disciplinariamente irrelevantes, que no hace necesario mover el aparato jurisdiccional disciplinario».
Cuatro semanas después, el general Romero sepultó una segunda denuncia, esta vez, el 19 de septiembre de 2017.
La investigación interna se había abierto tras un anónimo que denunciaba irregularidades en procesos de contratación entre 2016 y 2017. En concreto, una licitación de Motovehículos en el Batallón Yariguíes, adscrito a la Cuarta Brigada. La denuncia mencionaba al coronel Harold Felipe Páez.
Sin embargo, el general Romero desestimó el caso al considerarlo vago y difuso y sus razones fueron exactamente iguales a las que expuso en el anterior archivo.
Justamente, el coronel en retiro Harold Felipe Páez Roa y el mayor Edwin Carrillo, mencionados en las denuncias archivadas por el general Romero, fueron capturados por la Fiscalía acusados de los delitos de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir.
Fuente Caracol Noticias
Director: Habib Merheg Marún
