Una demanda presentada ante el Consejo de Estado busca anular la nueva ruta que creó el MinSalud para evitar que el país pague sobrecostos por las medicinas. Aunque fue presentada por Ibarra Abogados, no está claro quién estaría detrás.
Según Ibarra Pardo, él en ningún momento fue contratado por ninguna farmacéutica para instaurar la demanda. “Fue una iniciativa propia porque se estaba violando la abogacía de la competencia. Las normas se hicieron para cumplirlas y, en este caso, se están expidiendo medidas a rajatabla que terminan perjudicando a los pacientes. No quiero entrar en conflicto con el Gobierno. Aquí la discusión no es otra distinta a la defensa del orden jurídico, así sea una demanda impopular”.
El documento tomó por sorpresa a quienes habían estado detrás de la construcción de ese plan. “Hace parte de una serie de decisiones con las que hemos buscado darle sostenibilidad al sistema y garantizar el uso eficiente de los recursos”, dice la viceministra de Protección Social, Diana Isabel Cárdenas. “Empieza un proceso un poco desgastante, pero tenemos los argumentos jurídicos y económicos para defender esa decisión”.
¿Tiene algo que ver ese procedimiento con algún otro actor del sistema? Yaneth Giha, presidente de Afidro, asociación que agremia a las multinacionales farmacéuticas, es contundente al responder: “Ni Afidro ni ninguno de sus afiliados está detrás de esa demanda”. Algo similar contesta José Luis Méndez, presidente de Asinfar, la asociación de los laboratorios colombianos: “Asinfar no tiene nada que ver. No compartimos esa vía. Hemos participado transparentemente en los espacios de socialización y discusión abiertos por el Ministerio de Salud y esa cartera conoce nuestras observaciones. Leí la demanda y no logro identificar de dónde salió”.
“Nosotros hicimos muchos comentarios a la metodología, pero desde aquí, como gremio, no hemos instaurado ninguna demanda”, señala, por su parte, María Paula Riaño, directora gremial de los Gestores Farmacéuticos en la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que reúne a empresas como Cruz Verde y Audifarma.
Tiempo atrás, en 2011, Ibarra Pardo también había interpuesto una demanda con el fin de anular dos resoluciones que establecían unos valores máximos “para el reconocimiento y pago de recobros por medicamentos no incluidos en el plan de beneficios”.
Hace poco, en mayo de 2019, ese tribunal admitió otra demanda a nombre de Ibarra Pardo. El objetivo era similar: que el Consejo de Estado declarara nula otra resolución del Minsalud. En este caso la 651 del 8 de marzo de 2018, que establecía “las condiciones de habilitación de los centros de referencia de diagnóstico, tratamiento y farmacias para la atención integral de las enfermedades huérfanas”.
¿Por qué el grupo Ibarra tiene
especial interés acabar con
el control de precios que
beneficia a la población?
Director: Habib Merheg Marún