El pasado 8 de abril la Jurisdicción Especial para la Paz anunció que su Sala de Reconocimiento de Verdad imputó como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 miembros retirados del Ejército Nacional, pues estarían involucrados en 602 casos de ejecuciones extrajudiciales en la Región Caribe.
Los imputados son tres mayores generales, dos brigadieres generales y 23 oficiales y suboficiales del Ejército. La imputación se hizo por los casos presentados en el periodo comprendido entre 2002 y 2008. Sin embargo, se conocieron algunos casos cometidos por los uniformados en épocas diferentes.
La JEP presentó duros detalles de los hallazgos hechos durante la investigación de los 602 casos, algunos de los cuales fueron con sevicia.
Según la JEP, los superiores del Ejército presionaron a sus subalternos para aumentar la cifra de “resultados operaciones”. Para lograrlo “constituyeron un patrón de conducta, orientado a presentar asesinatos y desapariciones forzadas como resultados legítimos, con la finalidad de mostrar éxitos en el desarrollo estratégico militar que adelantaba el Estado colombiano en contra de grupos armados al margen de la ley y, así, generar una mejor percepción de seguridad entre la población”.
Los uniformados empezaron a tener presiones, pero también motivaciones, como incentivos y ascensos. Adquirieron, entonces, patrones de conducta criminales para cumplir con los resultados.
Los imputados señalaban falsamente a sus víctimas como integrantes o colabores de grupos insurgentes de la época y de la zona para después asesinarlos y presentarlos como bajas en combate. Los ciudadanos escogidos para tal fin fueron en realidad civiles, principalmente campesinos. Muchas de las víctimas “se encontraban en situaciones de vulnerabilidad debido a su género, edad, pertenencia a un pueblo indígena o alguna condición cognitiva especial”.
La JEP detalló que una de las modalidades usadas era engañar a las víctimas con falsas promesas de dinero, de alimentos o de trabajo. Los convocaban para alguna actividad, los subían a un vehículo y en el camino los asesinaban. En esta modalidad escogían principalmente personas en situación de calle, vendedores ambulantes, mototaxistas, albañiles, pescadores, entre otros.
También se detalló que entre las 602 víctimas hubo 20 niños, seis niñas y una mujer embarazada; estos también fueron presentados como insurgentes dados de baja en combate. También hubo 31 víctimas que eran integrantes de pueblos indígenas.
La investigación permitió conocer que, además de las 604 víctimas del periodo comprendido entre 2002 y 2008 en el Caribe, los militares estuvieron involucrados en el asesinato de otras 13 personas, entre las cuales hay un adolescente, a quien mataron con sevicia en el año 1995. La JEP narró la crudeza de este crimen así:
“Los militares le explotaron una granada en la cabeza para luego exhibir su cuerpo por las calles de San Pablo, Bolívar, y presentarlo como guerrillero dado de baja en combate”.
Tras el comunicado, los imputados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Dentro del proceso podrán presentar argumentos y evidencias a su favor. Si aceptan responsabilidad tendrán una audiencia pública para reconocer los hechos. Por otro lado, si rechazan la imputación tendrán un juicio en un Tribunal para la Paz y si allí se demuestra su culpa podrán enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión.
