La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a nueve exintegrantes del Ejército, dos expolicías y un exfuncionario de seguridad de Ecopetrol por hechos relacionados con la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, ocurrida entre 1998 y 2000.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad señaló a los 12 comparecientes como máximos responsables de una alianza con grupos paramilitares que permitió preparar, facilitar y sostener acciones violentas en la ciudad. Según la JEP, esa estructura buscaba expulsar a la guerrilla y a personas señaladas como sus colaboradoras.
Entre los imputados está José Eduardo González Sánchez, capitán retirado del Ejército que posteriormente trabajó en el área de seguridad de la Refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol y que, según la investigación, terminó como integrante Bloque Central Bolívar de las AUC.
La JEP atribuyó a los comparecientes los crímenes de guerra de homicidio y los crímenes de lesa humanidad de exterminio y desaparición forzada. Además, a tres de ellos les imputó persecución como crimen de lesa humanidad contra la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS).
La investigación reconstruyó 14 masacres y documentó asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y persecución contra organizaciones sociales y sindicales y contra civiles de la ciudad. La JEP identificó 473 víctimas.
La magistrada Catalina Díaz explicó que uno de los principales hallazgos fue una “alianza estratégica” entre oficiales del Ejército, miembros de la Policía, paramilitares y funcionarios de seguridad de Ecopetrol.
La magistrada Díaz afirmó que González Sánchez “actuó como una bisagra” entre los mundos paramilitar y militar.
La JEP invitó a Ecopetrol a participar en un diálogo restaurativo para presentar los hallazgos y conocer la posición de la empresa.
Los hechos hacen parte del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares durante el conflicto armado.
Los 12 comparecientes fueron llamados a reconocer su responsabilidad por los hechos determinados en la decisión.
