Este miércoles 18 de diciembre la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz anunció que el proceso del general (r) Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional durante el gobierno de Álvaro Uribe, será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación.
La decisión se tomó luego de que Montoya decidiera no reconocer su responsabilidad en el caso de 118 personas civiles que fueron asesinadas y desaparecidas para ser presentadas como falsas bajas en combate en el oriente antioqueño.
Montoya, entonces, enfrentará un proceso en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la cual decidirá si acusarlo ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, donde podría enfrentarse a un juicio adversarial y a una posible pena privativa de la libertad de hasta 20 años de prisión.
Según la magistrada Catalina Díaz, relatora del Subcaso Antioquia del Caso 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del estado), “la evidencia del proceso indica que Montoya es penalmente responsable de los crímenes, pues como autor, puso en marcha en la jurisdicción de la IV Brigada, una política de facto de conteo de cuerpos que privilegiaba las ‘muertes en combate’ como único indicador real del éxito del esfuerzo militar”.
La JEP halló la responsabilidad de Montoya en esos crímenes tras contrastar las versiones de 64 integrantes de la fuerza pública que estaban bajo su mando y de 12 informes aportados por entidades estatales y de organizaciones defensoras de derechos humanos.
