El 26 de Febrero la defensa del expresidente Álvaro Uribe desistió de la impugnación de un fallo de tutela que negó sus pretensiones y ese desistimiento fue aceptado este miércoles por la Corte Suprema de Justicia.
En la tutela el abogado Jaime Granados había pedido revocar la decisión emitida el 6 de Noviembre de 2020 por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Bogotá, que le atribuyó la calidad de imputado en el proceso penal, al equiparar la diligencia de indagatoria de la Ley 600 de 2000 con la formulación de imputación de la Ley 906 de 2004 (cambio que se dio cuando la Corte remitió el expediente a la Fiscalía, tras la renuncia de Uribe a su curul de senador).
Es decir, Granados buscaba que el juez de tutela amparara los derechos al debido proceso y la defensa de Uribe, y que decidiera que el expresidente no estaba imputado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, ya que a su parecer no era posible equiparar las diligencias de ambos procedimientos (este fue el mismo argumento que la defensa esgrimió ante el Juez 4°). Si el juez de tutela aceptaba dicho planteamiento el proceso penal empezaría de cero.
El 26 de Enero la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió negar dicho amparo, argumentando que no era ese el mecanismo adecuado para esta petición. Los magistrados negaron la petición, entre otras cosas, porque “cuando el proceso aún se encuentra en trámite, la intervención del juez constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario, salvo que se esté ante la posible configuración de un perjuicio irremediable; es más, en los eventos que la actuación hubiese culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa que se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico”.
Y ayer, aunque la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia advirtió que “el recurso de impugnación presentado por el actor en contra del fallo de tutela no es extemporáneo, pues éste se interpuso dentro de los términos previstos”, aceptó el desistimiento y no falló sobre la decisión del juez de tutela. Lo que traduce que la imputación quedó en firme.
Esta decisión se produce a pocas horas de que el fiscal Gabriel Jaimes presente ante un juez el escrito de acusación en contra del exmandatario, o solicite la preclusión de la investigación, asunto para lo que tiene plazo hasta el próximo 6 de Marzo.
