Aunque el ex fical Néstor Humberto Martínez, decidió adelantar sus vacaciones y salir del país, su nombre sigue sonando en Colombia por cuenta de las investigaciones de Odebrecht y el Cartel de la Toga.
Jesús Yepes, abogado del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, anunció el domingo la radicación de una queja ante la ONU contra Colombia, pues advierte que su defendido fue víctima de una persecución por parte del exfiscal.
Andrade es acusado de haber presuntamente participado en la adición irregular de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol II, adjudicado a una concesionaria de la que hacía parte Odebrecht. Su abogado afirmó que se trata de una persecución indebida de los poderes judicial y económico.
Por otra parte, el fiscal general (e), Fabio Espitia, anunció ayer que ante la nueva petición de un magistrado, el ente acusador entregó el audio completo que la Justicia estadounidense envió a Colombia hace dos años y que destapó el escándalo conocido como el Cartel de la Toga.
¿Qué tiene que ver Martínez con todo esto?
Que en diciembre del año pasado, una columna de Daniel Coronell en la revista Semana reveló detalles de un interrogatorio que rindió ante la Corte Suprema el entonces fiscal delegado Jaime Camacho, en el que señaló que
«Martínez había dado la orden de fragmentar ese audio y no entregarlo completo a las autoridades que lo requerían»
Según el columnista, en uno de los fragmentos que no salieron a la luz, el abogado Leonardo Pinilla, en conversación con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, mencionaba directamente al entonces fiscal general.
Posteriormente se verificó que tanto la Corte Suprema como la Comisión de Acusaciones sí habían recibido dos tramos de audio en los que era aludido Martínez, sin que se conocieran más detalles.
La Fiscalía sostiene que la fragmentación del audio no se debe a interés alguno en ocultar información, sino a un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, para no dar a conocer datos que podrían poner en riesgo los procesos que cursaban en los tribunales de ese país.
Esa versión fue ratificada por el fiscal (e) Espitia, quien aseguró que “los casos allá ya se cerraron y ese Gobierno manifestó que no hay ningún inconveniente con entregar la prueba completa”.
Sobre la nueva información que podría revelar el audio, el fiscal Espitia enfatizó en que “tiene que ver con la vida íntima” de las personas involucradas, pero nada en absoluto “con actuaciones o hechos dentro de un proceso penal. Y no quiero dar nombres ahorita ni personalizar este tema”.
El magíster en Derecho Penal Luis Eduardo Agudelo explicó que “es muy inusual, incluso se hace raro, que una prueba que fue entregada por otro país a las autoridades colombianas no pueda ser utilizada en su totalidad”.
