La decisión de la ONU fortalece a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en 2017 para juzgar los peores crímenes cometidos en más de seis décadas de conflicto armado en Colombia. La ONU expresó en febrero inquietud por ataques de fuerzas oficialistas contra ese tribunal.
El presidente Iván Duque había pedido a comienzos
de este año a la ONU extender su misión de verificación
del acuerdo de paz en Colombia, una petición que,
según el mandatario, buscaba que la Misión de Verificación
garantice la aplicación de sanciones de
parte de la justicia transicional.
La resolución extiende asimismo el mandato de la misión hasta el 31 de Octubre, un periodo más corto de lo habitual (un año) para evitar que la próxima renovación caiga justo antes de la elección presidencial de mayo de 2022, precisaron diplomáticos a la AFP.
Los siete líderes de la disuelta guerrilla de las Farc inculpados por la JEP aceptaron el 30 de abril su responsabilidad en más de 21.000 secuestros. La JEP también reveló que 6.400 civiles fueron ejecutados por militares y presentados como caídos en combate bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder natural del partido en el poder.
Se espera que el tribunal, que no puede juzgar a expresidentes ni a militares que no se sometan voluntariamente, comience a fijar sentencias en la segunda mitad del año. Podrá imponer penas alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas, o sancionar con hasta 20 años de prisión a quienes no acepten su responsabilidad.
“La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad señala que la Misión de la ONU contribuirá a verificar que las personas cumplan con las sanciones propias y que el Estado garantice las condiciones necesarias para materializarlas”, explicó la JEP en un comunicado.
