A pesar de haber sido cerrados y demolidos parcialmente en la zona de playa de El Rodadero por parte de la Alcaldía de Santa Marta, los restaurantes volvieron a funcionar como ventas ambulantes en carpas improvisadas, sillas y mesas plásticas.
El desalojo de estos establecimientos que realizaban una ocupación irregular del espacio público desde hace varios años, lo lideró la Secretaría de Gobierno el pasado 15 de agosto en cumplimiento de un fallo judicial, que ordenó el cierre y demolición de los comercios ilegales.
En ese momento, los propietarios de estos negocios calificaron el procedimiento como ilegal e interpusieron una demanda alegando que no se aplicaron los protocolos adecuados y además por la presunta violación al derecho fundamental al trabajo.
Según el secretario de Gobierno, Adolfo Bula, estos restaurantes ocupan irregularmente el espacio público con el agravante de generar efectos contaminantes al mar.
“Los desperdicios caen en la arena y terminan en el agua, adicionalmente hay invasión de sillas y mesas en la playa. Lo anterior nos motivó a tomar acciones para proteger el medio ambiente y recuperar el lugar”, indicó el funcionario.
A pesar que hubo una oposición de este grupo de comerciantes, la diligencia se concretó; no obstante, días después, el servicio de comidas se reactivó en la zona de playa desalojada de una forma más desorganizada.
Los comerciantes se defienden y aseguran que cumplen con todas las normas sanitarias y de control de calidad en la preparación y comercialización de alimentos. Consideran así mismo que se está cometiendo un atropello y perjudicando a centenares de familia que dependen de este trabajo.
“Hemos estado por muchos años en este lugar, así que antes de tomar este tipo de medidas, es necesario que se nos garantice una reubicación donde se nos garantice la actividad comercial que desempeñamos”, dijo uno de los afectados.
En total son ocho las edificaciones que de acuerdo al concepto de la Dimar, debían ser desalojadas por estar ocupando una zona de playa.
La comunidad denunció que la solución fue peor que el problema, teniendo en cuenta que, estos restaurantes al no contar con una infraestructura, ahora funcionan al aire libre afectando la imagen del lugar y con perjuicios mayores al medio ambiente.
Iván Calderón, gerente de Pro- Rodadero denunció que “los comerciantes del sector de ‘Mi Ranchito’ se niegan a cumplir el fallo judicial y continúan laborando en el espacio desalojado muy a pesar que la Secretaría de Gobierno derribó los restaurantes”
¿Y entonces qué plantea la autoridad
para recuperar el espacio público?
Director: Habib Merheg Marún
