Impedir la grabación de un operativo policial será catalogado como una falta grave y le costará al implicado la suspensión hasta por un año y medio de la institución, sin derecho a remuneración, ajuste que quedó aprobado en el nuevo estatuto disciplinario de la Policía que pasó ayer en la Cámara de Representantes, y que ahora seguirá su curso en plenaria del Senado.
El proyecto de ley que hace parte del paquete de reformas con el que el Gobierno le da un revolcón a la Policía, subió al nivel de faltas graves y gravísimas varios comportamientos de abuso de autoridad que han tenido en el paredón a la institución.
Ahora, escenas como la del policía que pateó el puesto de tintos de una señora en Bogotá – hecho por el que fue apartado del cargo- serán calificadas como una falta gravísima que podría acarrear una destitución e inhabilidad para puestos públicos hasta por 20 años.
El ocultamiento de identificación en los uniformes, incorrecto empleo de las redes sociales, permitir maltrato animal, entre otros, estarán entre las 39 faltas gravísimas y 23 faltas graves del nuevo estatuto disciplinario.
Este documento obligará a la institución a priorizar las denuncias ciudadanas, especialmente las relacionadas con la violación de los derechos humanos, y a que el Inspector General entregue informes semestrales sobre los procesos disciplinarios que enfrentan los policías.
También comprende la designación de un inspector delegado para las manifestaciones públicas, que atenderá las quejas ciudadanas sobre procedimientos policiales relacionados con hechos violentos que afecten el derecho a la protesta.
