Por Mauricio Marulanda
En un país como Colombia, se necesita de mucho coraje (por no decir guevos) para hacer denuncias públicas sobre política, narcotráfico, corrupción y hasta por serenatas en la madrugada y la razón es bastente simple:
«Aquí matan a los que denuncian
y cuando no, resulta que los
denunciantes se suicidan con
cianuro o son asesinados en
casos aislados«
Ante estas anomalías propias de países en donde la justicia anda de vacaciones, la única alternativa que tiene la ciudadanía honorable, es la de mantenerse en el anonimato cuando dan su testimonio y en muchos casos, dependiendo del PODER DEL DENUNCIADO se filtra el nombre del anónimo.
Por ejemplo, la Operación Andrómeda, en la que el hacker Andrés Felipe Sepúlveda estaba interceptando ilegalmente al equipo negociador de paz del Gobierno Santos, se desmanteló gracias a un correo anónimo que llegó a manos de la magistrada Cristina Lombana.
O como lo ocurrido con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez a quien la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación previa por un correo electrónico anónimo que llegó al despacho de la misma magistrada señalando que era él quien recibía la información de las chuzadas y perfilamientos, aparentemente ilegales, que realizó Inteligencia del Ejército a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Gran parte de la investigación contra las comercializadoras internacionales de oro que fueron intervenidas en las operaciones “La Leyenda del Dorado I y II”, de la Fiscalía General de la Nación, tuvieron su inicio en las denuncias anónimas de un ciudadano.
“En un país como Colombia el denunciante no está protegido, no tiene garantías para preservar su vida cuando denuncia un hecho de corrupción o algún delito cometido por un poderoso, por eso no podemos considerar que no se permita la preservación de la identidad, porque ello puede perjudicar el acto de denunciar, generando un desestímulo”, explicó Claire Launay, directora Programática de Iniciativas con Sociedad Civil de Transparencia por Colombia.
No obstante, esto no quiere decir que a cualquier anónimo que llegue a los estrados hay que prestarle atención.
De hecho la Corte Constitucional lo dejó claro cuando revisó, tras una demanda, algunos artículos de la Ley Antitrámites. En su Sentencia C-832/06 señaló: “solo cuando el anónimo va acompañado de medios probatorios, es decir, elementos de juicio que sumariamente den cuenta de la irregularidad administrativa y que permitan inferir seriedad del documento, se le debe dar credibilidad”.
Por supuesto,el senador Uribe NO ESTÁ de acuerdo con estas políticas aplicadas específicamente por la Magistrada Lombana, que se ha convertido en todo un dolor de cabeza para Uribe.
