Este martes comenzó una nueva huelga general en el país sudamericano. Sus demandas son muy diversas, pero los manifestantes coinciden en el rechazo hacia el modelo económico actual.
Afshin Irani pagó tres de las 240 cuotas que le debe a la banca chilena. Todavía le quedan unos 20 años como deudor. Si todo sale bien, a los 45 habrá cancelado su crédito de 15 millones de pesos (20.000 dólares) por haber estudiado Filosofía entre 2013 y 2017 en la Universidad de Chile, aquella que, se supone, es pública.
Él y sus dos hermanos están en una situación similar, y los intereses del préstamo crecen porque son tasados en Unidad de Fomento (UF), «una divisa que sube constantemente». En su momento, había postulado a becas, pero quedó seleccionado para recibir un Crédito con Aval de Estado (CAE) y otro del Fondo Solidario, que ahora debe devolver.
Le llaman «solidario» porque bajo ese financiamiento no se pueden embargar viviendas ante incumplimientos, pero «es un crédito al final del día», considera el filósofo. Hay otros miles de jóvenes de clase media en la misma situación, y hoy expresan su profundo malestar con el sistema. La anulación de las deudas por estudiar es uno de los pedidos principales en el estallido social chileno.
«La bronca la tengo con el Estado, porque toda esa deuda sirve para moverle plata a empresarios que no invierten ni un peso en la educación», dice Afshin, quien participa activamente en los reclamos de las últimas semanas. Aquel joven sueña con obtener su magíster y un doctorado, «necesarios para no tener un trabajo de miseria», pero no consigue un empleo estable, y debería abonarlos con su bolsillo.
Sucede que tras las revueltas estudiantiles de años atrás, si bien se consiguió la obtención de la gratuidad para personas de bajos recursos, el resto de la ciudadanía todavía tiene que recurrir a préstamos para progresar en el ámbito académico. «Y ni tan gratuidad, porque si repruebas un semestre y te atrasas un año más en tu carrera, ese año te lo cobran y debes pagar con crédito o en efectivo», aclara Romina Contreras Ramos, otra universitaria local.
Con ella hablamos en enero del 2017, y por aquel momento temía que las autoridades embargaran su casa por las deudas que contrajo con el CAE para estudiar Literatura Hispánica, también en la Universidad de Chile: «Ya habían tasado mi hogar. Vivíamos con el miedo de que cualquier día llegara un receptor judicial e hiciera efectivo el cobro», recuerda.
Como pasaron más de cinco años desde que pidió el préstamo, su compromiso financiero prescribió, y aunque su morada ya no corre peligro, no podría acercarse a un banco a pedir un crédito para adquirir un bien, porque se encuentra «en la lista negra del sistema». Igualmente, está feliz: «¡Chile despertó!», exclama.
Ahora sueña con acceder a una beca, y se está preparando para dar la Prueba de Selección Universitaria (PSU), porque quiere cambiar su carrera por Ciencias Políticas. Si reprueba, retrasaría otro año su acceso a la facultad, perdería el ciclo lectivo y debería reintentarlo en el 2020. Tampoco tiene un trabajo estable.
Director: Habib Merheg Marún
