¿Quién debe quedarse con el caso Gómez Hurtado?

En medio del conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por quién tendrá la competencia para llevar el expediente del caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el país entró en un debate político y jurídico.

En la tarde del miércoles, la Fiscalía anunció que llamará a Rodrigo Londoño, presidente del Partido Farc, y Julián Gallo, también conocido como Carlos Lozada y senador por el mismo partido, para que den su versión sobre el caso. Horas después, la JEP hizo lo mismo. Ambas entidades hicieron esto luego de que el exsecretariado admitiera su responsabilidad en el asesinato de Gómez.

Voces del Gobierno han insistido en que no se deben desestimar otras versiones. Uno de los primeros en hacerlo fue el propio presidente Iván Duque. El fin de semana hizo un llamado para que “no se desestime ninguna de las consideraciones que ha hecho la familia de Álvaro Gómez (…) Adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas, sospechas y preocupaciones”.

Adicional a esto, el mandatario aseguró ayer que “quienes se atribuyen el crimen de Álvaro Gómez Hurtado y señalan a la justicia transicional como su juez competente deben saber que eso no limita la capacidad de actuación de la Fiscalía. No se puede correr el riesgo de que con esas atribuciones busquen afectar la verdad real”.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático -partido de Gobierno-, afirmó además que “las Farc que no reconocen ninguno de los crímenes que sabemos que cometieron, ahora anuncian ser autores del magnicidio de Álvaro Gómez. Nos tiene qué contar entonces de sus vínculos con el Cartel de Cali y con el régimen financiado por ese cartel”, refiriéndose a una de las hipótesis de que el gobierno de Ernesto Samper, fuertemente criticado por Gómez Hurtado, habría estado supuestamente involucrado en el asesinato.

Desde la familia del líder asesinado se mostraron en contra de que el caso pase a la jurisdicción especial. “Están tratando de llevar el caso a la JEP para echarle la culpa a algún guerrillero muerto o vivo, que se le arrebate la investigación a la Fiscalía y que se convierta en cosa juzgada”, afirmó Mauricio Gómez, hijo de Gómez Hurtado.

Sin embargo, la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, dijo a Blu Radio que “la Fiscalía es un ente de investigación, una institución que instruye, que investiga. La Jurisdicción Especial para la Paz es el órgano judicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En esa dimensión, la Fiscalía debe seguir con las investigaciones que son competencia de la jurisdicción”.

Otro tema que generó discusión fue la solicitud del Gobierno, a través del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, de solicitar que la JEP revise si Carlos Lozada debe seguir o no en el Congreso. “Ante algo tan grave como lo que acaba de reconocer el senador Carlos Antonio Lozada, la JEP debe tomar de inmediato una decisión respecto a su continuidad en el cargo de senador”.

No obstante, el senador Roy Barreras, del Partido de La U, criticó esto: “la declaración de Julián Gallo estremeció al país porque la verdad de la guerra es estremecedora. Gracias al acuerdo de paz, por vez primera se esclarece un magnicidio. Que el comisionado Ceballos sugiera que salga de la curul es pura ignorancia sobre la Justicia Transicional”.

Director: Habib Merheg Marún