“Yo no vuelvo a participar en política, no volveré a ser candidato en esta vida”. Con esta frase el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz, sometimiento que fue aceptado a finales de mayo pasado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de este tribunal.

Suárez Corzo se convierte en el segundo parapolítico que tendrá que rendir cuentas ante los magistrados de ese tribunal.

La historia del exmandatario ante la JEP se inicia el 6 de marzo de 2017 cuando su abogada manifestó que su cliente tenía la intención de acogerse a la Jurisdicción y en enero de 2018 la defensora solicitó la aplicación del beneficio de la renuncia a la persecución penal, petición que ratificó el 2 de marzo de ese mismo año.

La abogada elevó la solicitud de que se le concediera la libertad transitoria, condicionada y anticipada al exmandatario. Esto debido a que su cliente está retenido tras las rejas una sentencia de 27 años, luego de ser hallado culpable de ordenar el homicidio de Alfredo Enrique Flórez (exasesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta), perpetrado el 6 de octubre de 2003 por sicarios de las estructuras paramilitares que sembraron el terror en Norte de Santander.

También tiene un proceso que lo vincula por su aparente participación en el asesinato del veedor Pedro Durán Franco (12 de agosto de 2003). En dicho expediente se señala que la víctima fue ultimada por miembros de las AUC “para pagarle un favor” al entonces candidato a la Alcaldía cucuteña.

El salvavidas que promete encender Suárez Corzo está directamente relacionado con las muertes violentas de Carlos Duarte, Ramiro Agudelo y su esposa. En la página 35 de la resolución conocida por COLPRENSA y en la que se avala el ingreso de Suárez Corzo a la JEP se reseña que el compareciente se comprometió a exponer los responsables directos tanto de estos hechos, así como de las extorsiones y el robo de tierras a campesinos.

La JEP publicó en abril pasado la lista de las solicitudes de personas investigadas por parapolítica que pedían ingresar a ese tribunal en calidad de comparecientes. Exgobernadores, exministros, excongresistas, exconcejales y exalcaldes figuraban en ese reporte del que también hacía parte Suárez Corzo, quien en el momento de ser elegido como mandatario de los cucuteños obtuvo 127.800 votos, convirtiéndose en la votación más alta de la historia en ese entonces bajo las toldas del Movimiento Colombia Viva.

Sin embargo, en su candidatura, como advierte la resolución, negoció una especie de apoyo mutuo con los paramilitares que tenían influencia en la región. “Resultado de ese pacto fue la muerte de Pedro Durán como veedor ciudadano y la ayuda que le brindaron las autodefensas, a cambio del ofrecimiento de puestos en la Alcaldía y de un porcentaje en la contratación”.

Aunque la aceptación ya está en firme, los magistrados le recuerdan a Suárez Corzo que “el compromiso programado presentado debe ser ajustado y complementado, siguiendo los parámetros”. Tales parámetros, incluyen, entre otros, determinar de manera detallada patrones delictivos o de macrocriminalidad de los que se tengan conocimiento, en especial, crímenes de lesa humanidad o de guerra.

También deberá, dice la JEP, “indicar vínculos entre agentes del Estado y otros grupos armados ilegales en la región e indicar alianzas que permitieron el control burocrático de entidades estatales, la afectación de procesos electorales, entre otras conductas delictivas por parte de los grupos paramilitares”.