La Fiscalía lo ha señalado de ser la
cabeza de un entramado capaz de
mover el oro a Rusia, Turquía y
Emiratos Árabes.
Se trataba del empresario Said Kamle Bustos a quien la justicia colombiana lo señala de ser la ficha clave del engranaje de un conglomerado empresarial que llevaría décadas comercializando ilegalmente oro colombiano en países tan lejanos como Turquía, Rusia o Emiratos Árabes.
Graduado en administración de empresas en 1999 en la Universidad Javeriana de Cali tiene además un MBA de la Florida International University, a sus 44 años es considerado uno de los más sobresalientes comerciantes de Cali. Muy joven, desde el 2010 se familiarizó con el negocio del oro cuando entró a ocupar, en 2010, el cargo de director de operaciones de NTR Metals.
Su papá, también Said, es conocido en el mundo de los negocios, inmigró del Líbano e incursionó como muchos de la colonia siriolibaneses en el despegue empresarial de Cali en la década de los 60, en el negocio de los textiles. Fue fundador de Telka, una reconocida cadena de distribución de telas con amplio bagaje en el Valle, en Bogotá y también en Ecuador y Venezuela.
Su nombre estaba en el radar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Al mismo tiempo la Fiscalía colombiana en cabeza de Francisco Barbosa también le venía siguiendo los pasos desde hace seis meses. Antes de llegar a su casa a capturarlo, al menos 25 personas de su confianza ya habían recibido la visita de los agentes del CTI. Las capturas se efectuaron articuladamente en Cali, Medellín, el municipio de Guapi (Cauca) y el municipio de Galeras (Sucre) entre el 12 y el 15 de Abril.
Otra comercializadora intervenida, también caleña, es IRCA C.I. S.A.S, acusada de comercial ilegalmente 1.699 kilos de oro extraído ilícitamente en Guapi, López de Micay, Timbiquí y el Naya.
Dicha empresa sustentaba las compras a través de certificados que relacionaban un sin número de presuntos barequeros, los cuales no tendrían relación con dicha actividad ni vínculo con la empresa. De esta manera, la comercializadora habría evadido los controles de las autoridades, obtuvo aval de la Agencia Nacional de Minería y envió las casi 1.7 toneladas del metal precioso a Estados Unidos, Rusia, Emiratos Árabes y Turquía.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles, 12 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 14 productos financieros de diferentes entidades bancarias, cuyo valor superaría los $ 74.000 millones.
Gran parte del oro comercializado por dicho conglomerado vendría del Bajo Calima y Anchicayá, jurisdicción de Buenaventura, donde se ha constatado un grave daño ambiental a los ríos Dagua, Calima, Serpis, Bocas de Calima y Malaguita. La Fiscalía lo acusa además de una operación de lavado de activos superior a los $ 1,2 billones que corresponderían a exportaciones ficticias arregladas por el empresario y su equipo.
