Un juez de Bogotá suspendió la modificación a la Ley de Garantías que había sido aprobada por el Congreso cuando dio vía libre al uso del Presupuesto General de la Nación. Después de que el abogado Miguel Ángel Bravo Gutiérrez interpusiera una tutela, el juez le dio la razón, por lo que el presidente Duque, los alcaldes y gobernadores no podrán celebrar convenios interadministrativos, una forma de contratación con la que se podrían mover millonarios recursos públicos en medio de la campaña presidencial y legislativa del próximo año.
Eso sí, el juzgado aclaró que «la presente restricción solo estará vigente hasta que la Corte Constitucional conozca de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad que adelanta el señor Miguel Ángel Bravo Gutiérrez o, que, en el ejercicio de ese derecho, radique cualquier ciudadano».
¿qué hará la corte Constitucional?
Ahora la Corte Constitucional tiene la última palabra sobre la modificación de la ley de garantías, que se modificó a través de una ley ordinaria cuando la ley de garantías tiene un nivel estatutario, es decir, el procedimiento que hizo el Congreso para suspenderla es inconstitucional.
