La Procuraduría general de la Nación decidió suspender por tres meses del cargo al canciller Álvaro Leyva Durán porque, a su parecer, las decisiones tomadas por éste en la licitación para la elaboración de los pasaportes han carecido de fundamento “serio, razonable y debidamente argumentado”, según el documento del Ministerio Público.
La licitación para la elaboración de los pasaportes tuvo un solo proponente y, para el gobierno, esas licitaciones equivalen a las llamadas de “pliegos sastre”, es decir, elaboradas para que se las gane determinado proponente bien sea porque no se presenten más o porque sus condiciones solo las pueda cumplir determinado oferente.
Le decisión tomó al canciller en España y no se conoce su reacción oficial.
Miembros de la bancada de gobierno han reclamado un tratamiento discriminatorio por parte de la entidad y comparan su diligencia en el caso de los pasaportes y la cancillería con su quietud en el caso conocido como “Centros Poblados”, una licitación similar a la actual en cuanto a que, a la ministra de comunicaciones de la época, Karen Abudinen, se le advirtió de varias formas que el negocio terminaría mal y no tomó ningún correctivo. Hasta la fecha, los 70 mil millones perdidos en ese contrato, no aparecen.
