Por Habib Merheg Marún
Por estos días en que se anuncia la vacunación masiva contra el Covid 19 y se discuten las dificultades que tiene la tarea de vacunar millones de personas dispersas y hacerlo de manera oportuna y certera, alguien propuso a manera de chiste que le encomendaran la tarea a alguna productora de gaseosas pues, “¿en qué lugar del país no se consigue una?”.
Mas allá del apunte, vale la pena darle una mirada a cómo las diferentes empresas han podido explotar o distribuir sus productos en lugares a donde ni la fuerza pública puede entrar tranquilamente e incluso, dentro de las ciudades grandes, medianas o pequeñas.
Hablo, por ejemplo, de las comunas de varias poblaciones a las cuales el acceso está restringido y aun para ingresar en taxi, el taxista debe pagar una “vacuna” o por lo menos, tener el visto bueno de los “dueños de la zona” para lo cual basta, a veces, un saludo al entrar y al salir a manera de reporte, si quiere terminar bien su viaje y salir de la zona sin problemas. O de la extorsión a los buses urbanos. O la que sufren los vendedores de dulces y cigarrillos que deben pagar una suma diaria para poder vender en sus “chazas” -esa especie de mostrador donde llevan sus productos y que llevan colgado de la nuca-.
Ampliando el panorama, tanto en zonas urbanas como rurales y subiendo en la escala del valor de lo que se produce, la cosa va tomando un cariz mas grave aunque la génesis del asunto sigue siendo la misma: pagar para producir, para transportar, para comercializar. ¿Pagarle a quién? ¡Al que tenga la pistola! ¿Pagar por qué? ¡por casi cualquier cosa!
La firma del Acuerdo de Paz y la desmovilización de la guerrilla tuvo como consecuencia inmediata y directa que esa condición desapareció de muchos lugares y los empresarios de todos los niveles en este tiempo, se libraron de tener que esconder dentro de sus costos, lo que tendrían que haber pagado para poder explotar su negocio, transportar el ganado, cumplir las rutas de transporte de pasajeros, etcétera. Por lo menos en donde operaban las FARC.
Hay cierta hipocresía en la clase empresarial cuando se tratan estos temas. En privado pueden algunos reconocerlo pero en público, a muy pocos se les oirá una sílaba al respecto y preferirán pasar de agache a reconocer que lo hicieron. Es comprensible el temor: el Estado que no los protegió como debía, puede venir ahora a cobrarles.
Se oyen voces que anuncian la presencia de guerrilla en las zonas de donde salieron luego del Acuerdo. Ojalá me equivoque pero si no se toman medidas urgentes, es posible que pronto los empresarios, los transportadores, los ganaderos, los comerciantes y la gente del común, tengan un deja vu y se vean obligados a pagar para poder subsistir, para poder llevar los refrescos hasta Villa de Leyva, Palmira, Soledad. O hasta Marte. Para el de la pistola, no hay fronteras. Como hace 20 ó 30 años.
