Cuando en el gobierno de Pepe Mujica, Uruguay decidió reglamentar la venta y el consumo de cannabis las voces apocalípticas no se hicieron esperar y le auguraron al país un futuro inmediato lleno de zombis por las calles y hordas de delincuentes asaltando los expendios en busca de la yerba para satisfacer sus deseos. También anunciaban que el país se iba a llenar de brasileños y argentino ávidos por conseguir legal lo que en sus países seguía siendo prohibido.
Nada de eso pasó. La medida que buscaba enfrentar el narcotráfico ha conseguido que casi 50 mil personas se hayan registrado para adquirir el producto legalmente, algo que antes hacían en las calles con todos los riesgos que conlleva. El registro es un requisito indispensable para poder acceder hasta a 10 gramos mensuales de la yerba que se compra en alguna de las 28 farmacias que la expenden. El comprador debe poner su huella en un lector al momento de hacer la transacción como una forma de control tanto para el expendedor como para el estado y el propio cliente.
¿Modelo a seguir? Es pronto para saberlo. Uruguay es un país con una población de apenas 3 millones y medio de personas y carece de las complejidades que el narcotráfico tiene incrustadas en toda la sociedad de Colombia entre ellas, el consumo de sustancias como bazuco que esclavizan a perpetuidad a quien lo prueba poblando, ellos sí, las calles de las ciudades con drogadictos que parecen zombis, abandonados por el estado y por la sociedad.
Pero lo que sí es claro y está demostrado, es que la prohibición no disminuye el consumo, expone al consumidor y aumenta la criminalidad y la corrupción en toda la cadena.
