La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó este jueves 19 de marzo un informe en el que alerta sobre el peligro para las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Incluso, el país fue calificado como “uno de los más peligrosos del mundo” para ser defensor.
En el documento, titulado ‘Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia 2022-2025, se enumeran patrones de vulneración para los defensores y se propusieron una serie de recomendaciones para abordar la situación.
Aunque el informe está enfocado para el periodo 2022-2025, la ONU aclaró que entre 2016 y 2025 se documentaron 972 asesinatos de defensores humanos en Colombia, “lo que arroja un promedio de casi 100 muertes por año”.
Además, esa cifra vendría en aumento desde el año 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. Ese fenómeno fue identificado por la ONU, la cual explicó que estaría relacionado “con disputas por parte de actores armados no estatales en aquellos territorios que fueron dejados por la antigua guerrilla (…) y en los que el Estado no logró sostener una presencia integral para proteger a las comunidades”.
Entre las 972 víctimas documentadas desde el año 2016, hay 112 mujeres, 843 hombres y 17 personas LGTBI+. Los casos habían tenido una reducción consecutiva en 2022, 2023 y 2024. Sin embargo, en el 2025 el pico ascendió nuevamente al llegar a un total de 99 asesinatos de defensores de derechos humanos.
En el informe también se indicó que los departamentos más peligrosos para los defensores de derechos humanos son, en este orden y por la cantidad de casos: Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Arauca, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Chocó y Guaviare. Según la ONU, en los departamentos mencionados se concentran el 76% de los casos.
Volker Türk, alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, se pronunció sobre el informe: «Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos».
El informe tuvo siete conclusiones, entre las cuales se destaca que “Colombia sigue siendo un país altamente riesgoso para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Los patrones y tendencias de homicidios, amenazas, ataques y desplazamientos forzados evidencian que la violencia contra personas defensoras no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino una realidad persistente y estrechamente vinculada a causas estructurales subyacentes, como el control social y territorial ejercido por actores armados no estatales y organizaciones criminales y a profundas brechas de presencia integral del Estado”.
Además, se emitieron nueve recomendaciones para el actual gobierno, doce más para el gobierno entrante, dos para el Congreso de la República, cuatro para la Fiscalía, una para la Procuraduría, una para alcaldes y gobernadores y una para la comunidad internacional.
