La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz anunció que, tras recopilar información pertinente, fueron imputados 27 exintegrantes de las extintas Farc-EP, incluidos cuatro miembros del último secretariado, al considerarlos como determinantes de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Los imputados son Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’; Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra, alias ‘El Médico’; Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; y el resto son exintegrantes de los bloques sur y oriental.
La imputación se da en el marco de las investigaciones del Caso 10, que se refiere a crímenes no amnistiables, y del Caso 11, que se refiere a violencia sexual y violencia basada en género.
Esta imputación se da después de analizar 76 informes realizados por organizaciones, de los cuales 37 fueron elaborados por mesas de víctimas.
La información recopilada en estos casos permite esclarecer diferentes crímenes que dejaron 2.436 víctimas en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada, oriente de Boyacá, nororiente de Caquetá, Huila, Putumayo, Nariño, Amazonas, el oriente del Cauca y Meta.
Los crímenes imputados a los 27 exintegrantes de las Farc fueron clasificados por la JEP bajo tres patrones:
1) Conducción de hostilidades: Acciones que afectaron a civiles, policías y militares en medio de tomas guerrilleras, hostigamientos, combates y operaciones en contra de la fuerza pública y paramilitares.
2) Control social y territorial: La guerrilla impuso «normas de convivencia» cuyo incumplimiento se castigaba con asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. Se documentaron crímenes por el no pago de extorsiones, represalias por negarse al reclutamiento y la eliminación de líderes sociales y políticos bajo la estrategia de generar un «vacío de poder».
3) Contextos urbanos: A través de redes clandestinas, se realizaron atentados masivos con explosivos (como el del Club El Nogal, en Bogotá, y la ‘casa bomba’, en Neiva), y asesinatos selectivos de personalidades públicas (como Álvaro Gómez Hurtado y Jesús Antonio Bejarano).
Los 27 imputados tienen 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad en los casos mencionados o rechazarla si es el caso. Además, se les ordenó aportar información adicional que permita buscar a 241 personas que fueron víctimas de desaparición forzada.
Si los comparecientes reconocen su responsabilidad se hará una audiencia de reconocimiento de verdad ante sus víctimas. Después se les impondrán sanciones, las cuales serán consultadas con sus víctimas.
Si, por el contrario, niegan su responsabilidad cada caso podría ser trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y enfrentar un juicio, en el que podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión si se les encuentra culpables.
