La Organización de las Naciones Unidas rechazó las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a varios jueces y fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional, las cuales fueron calificadas como “un peligro para la capacidad del tribunal para cumplir su mandato (…) y un duro golpe a la justicia penal internacional”.
Este viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos, en cabeza de Marco Rubio, anunció las sanciones argumentando que los diferentes sectores políticos de su país siempre han rechazado que esa corte tenga competencia para juzgar a sus ciudadanos.
“Durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional (CPI) tuviera competencia para juzgar a ciudadanos, militares o líderes políticos estadounidenses. Estados Unidos nunca se adhirió a dicha Corte. No la necesitamos. Y no la queremos”. Con este párrafo inicia el comunicado.
Rubio y Donald Trump anunciaron las nuevas sanciones, que incluyen prohibición de transacciones y recorte de recursos a jueces y fiscales, porque rechazan que esa corte investigue y/o juzgue a militares y agentes fronterizos estadounidenses, sin importar si estos se extralimitan en su proceder.
«Prohibiremos las operaciones con este tribunal rebelde, les cortaremos los recursos y paralizaremos su capacidad de actuar contra nosotros”, aseguró Rubio.
La ONU aseguró que las sanciones también se dan debido a las investigaciones y órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
La Corte Penal Internacional calificó las amenazas y sanciones de Estados Unidos como un “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial” y aseguró que esa situación afecta a las víctimas.
António Guterres, secretario General de la ONU, hizo un llamado a los países para que respalden la rendición de cuentas por crímenes graves.
Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, calificó las sanciones como “inaceptables”
Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, aseguró que no se dejarán “amedrentar” y continuarán con sus investigaciones, “con independencia e imparcialidad, basándose en la ley y las pruebas”.
La Unión Europea también se pronunció sobre la situación y calificó la actitud de Estados Unidos como “lamentable”. También aseguró que sus países miembros harán lo que sea posible para “permitir que el tribunal lleve a cabo su labor”.
