La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz anunció la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los once antiguos comandantes de los extintos bloques Magdalena Medio y Caribe de las Farc-EP.
La imputación se da después de una investigación de la magistrada Julieta Lemaitre en la que los excomandantes fueron hallados como máximos responsables de graves crímenes contra al menos 733 víctimas en diez departamentos del norte y nororiente de Colombia.
Los imputados son Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’; Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias ‘Pastor Alape’; Erasmo Traslaviña Benavides, alias ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo Hernández, alias ‘Alberto Cancharina’; Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’; Abelardo Caicedo Colorado, alias ‘Solís Almeida’; Osmany Landero Fajardo, alias ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo David, alias ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias ‘Leonardo Muñoz’; Uriel Antonio Oviedo Aldana, alias ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’; y Héctor Enrique Hernández López, alias ‘Fabio Borges’.
Según la investigación, los imputados están involucrados en casos de homicidio, despalazamiento forzado, ataques contra la población civil, destrucción o toma de bienes, ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario como hospitales, asesinato o agresiones a traición o mediante engaños, tortura, tratos crueles y violencias sexuales.
Entre las víctimas de ese tipo de violencias hay campesinos, docentes, líderes sociales, políticos, comunidades religiosas, militares y policías.
En la investigación la JEP escuchó los relatos de 733 víctimas. En la justicia ordinaria solamente el 5% de los casos llegaron a juicio, mientras que el 72% permanecían en indagación preliminar.
Entre los hechos investigados y tenidos en cuenta para realizar la imputación se encuentran el atentado con explosivos instalados en un burro en el municipio de Sucre, en 1996, y el atentado con explosivos contra la caravana del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en 2002, en Barranquilla, que dejó cinco civiles muertos.
Los imputados tendrán plazo hasta el 8 de diciembre para reconocer o negar su responsabilidad en los crímenes mencionados. Si la aceptan tendrán audiencias de reconocimiento ante las víctimas, las cuales, posteriormente, serán consultadas sobre las sanciones restaurativas que recibirán los comparecientes. Si la responsabilidad es negada serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, fase en la que podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión si se les demuestra su culpabilidad.
Por otro lado, las víctimas tendrán hasta el 8 de febrero de 2027 para presentar sus observaciones sobre esta decisión.
