Los magistrados de la Corte Constitucional votaron este lunes para declararse como inhibidos para resolver el conflicto de competencias en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su posible relación con las masacres de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, Antioquia.
Según los abogados de Uribe Vélez, los hechos acontecidos, por los que la Fiscalía investiga al exmandatario, se extendieron durante varios años hasta el 2003, cuando él ya era presidente. Por lo tanto, se planteó que fuera la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la encargada del caso.
En la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se votó a favor de reclamar el caso, mientras que la Fiscalía también defendía ser el ente competente. Por este conflicto de competencias se remitió el proceso a la Corte Constitucional para que sus magistrados decidieran quién se encargaría.
Este 9 de noviembre siete magistrados votaron a favor de declararse inhibidos, contra dos en contra, lo que significa que el caso continuará en manos de Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La masacre de La Granja ocurrió en 1996 y la de El Aro en 1997 y ambas fueron cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese entonces Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, por lo que se le involucra con ambos episodios por omisión y una posible permisividad de las autoridades departamentales con los grupos paramilitares.
El defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado en 1998, fue enfático en los meses previos a su muerte en que había una alianza entre los paramilitares autores de las masacres y la fuerza pública del departamento de Antioquia, lo que sugería omisión o complicidad de la Gobernación.
La Fiscalía lleva 26 años investigando al expresidente por este caso. En 2014 se trasladó a la Corte Suprema de Justicia cuando él llegó al Senado y regresó nuevamente al ente acusador en el 2020 cuando este renunció.
