La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este lunes su preocupación por la violencia policial en el marco de la protesta social en Colombia, a la vez que instó al Estado a cumplir los compromisos adoptados en el Acuerdo de Paz de 2016, ya que, a su juicio, su correcta implementación podría ayudar a resolver el conflicto actual.
En el marco del 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet condenó «todas las formas de violencia» registradas por la entidad en el contexto de las manifestaciones, incluyendo 56 muertes (54 civiles y dos policías) y 49 casos de víctimas de violencia sexual.
«Mi Oficina ha expresado su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado», dijo Bachelet al presentar su reporte ante el Consejo de la ONU.
Desde el 28 de abril que iniciaron las protestas sociales en Colombia, se han registrado denuncias de múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), en contra de manifestantes.
Además, la alta comisionada afirmó que se encuentran documentando los abusos cometidos por «agentes no estatales», en referencia a las agresiones y asesinatos en contra de manifestantes por parte de civiles armados que se infiltran en las protestas, con la presunta complicidad de la Policía.
«Mi Oficina condena todas las formas de violencia, pide el pleno respeto del derecho de reunión pacífica y alienta el diálogo para resolver la crisis», aseveró Bachelet.
En medio de las fuertes críticas por el actuar de las instituciones de seguridad, el Gobierno de Duque presentará en julio el ‘Proyecto de Ley de Estatuto Disciplinario Policial’, el cual contemplará un sistema de seguimiento de denuncias contra autoridades y modificaciones respecto al «uso legal y legítimo de la fuerza».
Al respecto, Bachelet expresó su aval a la implementación de una política de tolerancia cero para los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. En este contexto, la Alta Comisionada instó al Gobierno de Duque a garantizar investigaciones rápidas, efectivas e independientes en estos casos, para que «los responsables rindan cuentas».
