A las 9:15 de la mañana del día de ayer, y con una hora de retraso, se dio inicio a la audiencia del caso Uribe, en donde lejos de centrarse en el objetivo primordial del proceso, resultó trasladarse a la propuesta de considerar a Deyanira Gómez y Gonzalo Guillén como víctimas del caso, a lo cual la fiscalía sostuvo su postura de mantenerlos como testigos, pero no como víctimas del proceso.
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El primero en tener la palabra durante la audiencia fue el abogado Miguel Ángel del Río, quien argumentó que su cliente, Deyanira Gómez, se habría visto afectada de varias formas tras ofrecer declaraciones en contra de Uribe. Según sus argumentos, Gómez debió salir del país con sus dos hijos, de 10 y 3 años de edad, huyendo de supuestas intimidaciones.
Así mismo, el abogado del Río le entregó a la juez
las escrituras que, según aseguró, acreditarían a
Gómez como dueña de la finca La Veranera, un
inmueble sobre el que la Fiscalía impuso extinción
de dominio argumentando que pertenecía a Monsalve.
Por eso, Del Río insistió en que, dado que La Veranera le pertenecería a Gómez, y no a Monsalve, también habría existido un daño sobre el patrimonio para la mujer que ahora reclama su posición como víctima dentro del caso. Miguel Ángel del Río, además, denunció un supuesto “plan” para deslegitimar a Gómez en su calidad de víctima.
En vista de que tanto la decisión de la condición de víctimas como la de la preclusión del caso pueden ser apelados, al caso Uribe aún le falta un largo trayecto por recorrer antes de que se tengan sentencias definitivas, según describió Álvarez.
El proceso estuvo centrado en el deseo de los abogados de Guillén y Gómez para que sean aceptados como víctimas, a lo que la fiscalía y la procuraduría se oponen enérgicamente, porque cambiaría las condiciones del proceso.
“El caso, por ahora, está en una etapa inicial donde se está terminando de formalizar quiénes pueden intervenir allí y quiénes no. Mientras que no se defina eso no se puede entrar al debate de fondo, que son los argumentos de la Fiscalía”, agregó el abogado Álvarez, quien también explicó que, dada la importancia que le da la Ley 906 de 2004 a las víctimas, el proceso podría suspenderse mientras se define si Gómez y Guillén son aceptados como tal.
Por último, se sabe que, pese a que el fiscal Jaimes aún no ha ofrecido mayores detalles sobre la justificación de la preclusión, uno de los puntos a objetar será el argumento de una prueba recolectada de manera ilegal. En ese mismo sentido, fuentes oficiales le confirmaron que el Ministerio Público se uniría a la petición de precluir el caso de Álvaro Uribe Vélez.
