La Defensoría del Pueblo emitió el boletín mensual de las “Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia”, en el cual se alertó sobre la cantidad de colombianos que están siendo víctimas de desplazamientos y confinamientos por presencia y amenaza de grupos armados en sus territorios.
El boletín emitido se refiere a los casos ocurridos entre el enero y julio de 2025. Según el documento, se confirmó que en ese periodo se han reportado 84.964 casos de desplazamiento forzado en el país, de los cuales 73.053 ocurrieron en la región del Catatumbo
Además de las 84.964 personas que se tuvieron que desplazar por la presencia y amenazas de grupos armados, la Defensoría confirmó que otras 62.414 debieron confinarse en un total de 57 eventos, de las cuales 11.490 fueron en la región del Catatumbo.
Los otros casos de confinamiento ocurrieron en los municipios de Remedios, Tarazá y Betulia, Antioquia; Cantagallo, Bolívar; San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, Caquetá; Suárez, Cauca; Valledupar y la Jagua de Ibirico, César; Medio San Juan, Chocó; Lorica, Córdoba; La Plata, Huila; Buenaventura, Valle del Cauca; y Puerto Carreño, Vichada.
La Defensoría explicó en el documento que hay seis motivos por los que ocurren los desplazamientos forzados y confinamientos: contaminación del territorio por artefactos explosivos, presencia de actores armados ilegales, homicidios selectivos, confrontaciones armadas, amenazas y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
Por último, la Defensoría emitió a las autoridades locales y nacionales siete recomendaciones, que de manera resumida son:
-Impulsar planes de prevención con una asignación oportuna de recursos presupuestales.
-Activar medidas de protección dirigidas a autoridades indígenas y afrocolombianas y a lideresas y líderes comunitarios.
-Que las diferentes entidades competentes en atención de emergencias humanitarias fortalezcan su articulación para atender los casos de manera coordinada.
-Que esas entidades activen de manera inmediata esa colaboración coordinada cuando los municipios no tengan la capacidad para atender a las víctimas.
-Garantizar el tránsito humanitario con condiciones de seguridad y articularse con organizaciones humanitarias que brinden ese servicio.
-Activar mecanismos institucionales para dar respuesta rápida de atención a los casos de confinamiento.
-Atender los eventos que afectan a los pueblos étnicos y garantizar su seguridad, sus derechos colectivos y la protección de sus símbolos y bienes culturales.
