Hoy se tramita en segundo debate de la Cámara de Representantes un controvertido proyecto de ley “anticorrupción”, que despertó indignación entre periodistas, asociaciones de medios y activistas que defienden la libertad de prensa. Se trata de una modificación al Código Penal, que podría obstaculizar las denuncias de irregularidades contra funcionarios públicos.
El pasado 24 de noviembre, la Comisión Primera aprobó el texto y pasó a segundo debate. Le correspondió al representante César Augusto Lorduy de Cambio Radical radicar la ponencia pero eso sí, aprovechó la oportunidad para meterle mano y agregar un artículo que preocupa a los medios de comunicación.
El representante César Lorduy, ponente del proyecto de ley que cursa en el Congreso, introdujo un artículo que castiga con cárcel y multas a quienes incurran en injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos.
Según reza el texto, quien “pretenda atacar” las labores de un empleado del Estado podría incluir en penas de entre cinco y diez años de cárcel. A su vez, se expone que aquellos que incurran en ese delito tendrían que pagar multas de entre 13,3 y los 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes, lo cual representa sumas que van desde los $12 millones hasta los $1.362 millones de pesos.
El “mico” en el proyecto de ley va incluso más allá de estas sanciones: establece que el juez de control de garantías debe suspender o cancelar la personería jurídica, en caso de que quien cometa el delito sea su representante legal.
