La Jurisdicción Especial para la Paz realizó un acto para entregar el cuerpo de Elder Aponte Tumay, víctima de ejecución extrajudicial, mal llamada “falso positivo”, por el Gaula del Ejército. El cuerpo fue recibido por sus familiares, quienes lo buscaron durante 19 años.
El acto de entrega se realizó en el municipio de Pore, Casanare, y participaron los familiares de Elder Aponte, magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Elder Aponte era campesino, le gustaba jugar fútbol y tenía 28 años cuando fue víctima de las fuerzas del estado. El 17 de julio de 2006 estaba reunido en Támara, Casanare, con miembros del Gaula del Ejército, quienes le dieron licor para ganarse su confianza. Sin embargo, fue trasladado a un lugar en el que lo asesinaron con cinco disparos. Los uniformados lo presentaron como baja en combate.
En esa fecha fue la última vez que su familia recibió una llamada suya. Después de ese día dejaron de tener información sobre él. Mientras lo buscaban se enfrentaron a casos de estigmatización, pues algunas personas aseguraban que él se había ido con un grupo guerrillero, aunque ya estaba muerto.
El cuerpo fue encontrado en el año 2011 y se realizaron pruebas de ADN con las que fue identificado. No obstante, su caso quedó congelado en la justicia militar, la cual sostenía que había sido una baja en combate.
Todo cambio años después cuando un militar confesó las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigada XVI en el municipio de Támara. Tras conocer esa confesión, la fiscal Luz Margaret Salguero, de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Villavicencio, reactivó la investigación del caso de Elder y corroboró que él había sido víctima.
Tras 19 años se ordenó que los restos de Elder fueran entregados a su familia. En la ceremonia de entrega los magistrados de la JEP confirmaron que él fue una de las 296 víctimas de desaparición forzada en el Casanare entre 2005 y 2008 y se disculparon en representación del estado.
“Fueron 19 años de incertidumbre, un dolor inmenso por todas las calumnias que se dijeron, pero hoy demostramos que todo eso no era cierto. Hoy cerramos un ciclo de dolor, aunque las heridas quedarán para siempre. Y pedimos que esta verdad sirva también para quienes siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos. Que nunca más una familia tenga que cargar con la difamación y la incertidumbre que nosotros vivimos”, expresó Astrid Tumay, tía de Elder y quien lideró la búsqueda durante estos años.
La JEP informó que entre 2005 y 2008 los altos mandos militares del Casanare ofrecieron incentivos para que los soldados aumentaran las cifras de bajas en combate, lo que provocó el aumento de ejecuciones extrajudiciales. Incluso se destinaron $140 millones de pesos para fabricar escenarios falsos para cometer los crímenes. Actualmente se han identificado 25 máximos responsables por esa conducta en ese departamento.
Entre octubre y noviembre de 2025 se realizarán audiencias públicas por los casos de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare. Los familiares de las víctimas, incluyendo a los de Elder, podrán hablares y exigirles verdad a los señalados responsables.
