El Grupo de Apoyo Técnico Forense de la JEP estableció que los restos hallados el pasado 15 de julio pertenecen a una menor de edad que fue asesinada en el año 2002 por paramilitares.
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Los hechos fueron calificados por la JEP como crímenes de guerra, homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos.
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Los 34 imputados tienen un plazo de 60 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos atribuidos a cada uno. Aquellos que acepten tendrán una audiencia de reconocimiento. Quienes rechacen podrían ir a juicio.
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Los alias “Leonel Páez”, “Luis Garipiari”, “José 40”, “Marcos Zamora”, “Ricardo Loaiza”, “Jaime Barragán”, “Euclides Salazar”, “Fernando García” y “Enover González”, aceptaron frente a las víctimas la responsabilidad de los crímenes por los cuales la Justicia Especial para la Paz, JEP, los sentó en el banquillo.
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Un joven identificado como Yoneider Martínez Úsuga se reencontró con su madre, quien fue reclutada forzosamente cuando ella aún era menor de edad.
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