Los militares involucrados aceptaron su responsabilidad en el asesinato de 581 civiles en Antioquia, de los cuales 208 fueron presentados como bajas en combate.
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La reunión fue considerada como la instalación oficial del diálogo territorial, en el que los entes participantes se comprometieron en “consolidar proyectos y programas para la restauración de las víctimas y comunidades afectadas por el conflicto armado territorial”.
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Carlos Mario fue víctima de la violencia desde el año 1996, cuando su padre fue asesinado. Un año después su madre fue desaparecida. Ambos hechos sucedieron en la región del Urabá y la familia se vio obligada a desplazarse hacia Medellín. Sin embargo, en 1998 él, cuando tenía apenas 14 años, decidió regresar a su tierra para buscar su madre.
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La nueva zona tiene un área de 3.772 metro cuadrados y “colinda con el lugar donde ocurrieron los hallazgos forenses de diciembre de 2024 y enero de 2025”.
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Si los imputados aceptan su responsabilidad tendrán una audiencia de reconocimiento de verdad, preparada y desarrollada con las víctimas. Por el contrario, si la niegan, podrían enfrentarse a la justicia ordinaria y pagar hasta 20 años de prisión.
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