Paramilitares confesaron ante Justicia y Paz que esa empresa financió sus actividades entre 1997 y 2005 en el departamento de Casanare a cambio de brindarle protección en sus pozos de extracción.
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Cuando las víctimas viajaban a ese país eran retenidas y las despojaban de sus documentos de identidad. Después las obligaban a pagar, “ejerciendo actividades sexuales”, montos superiores a 3.400 euros.
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Mosquera ya había sido capturado en el año 2024 por otros actos de corrupción cuando era rector de la Universidad Tecnológica del Chocó.
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En la vereda Agua Bonita Media, ubicada en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare, fue hallada una fosa común en la que estaban los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos que fueron asesinados por las disidencias en el mes de abril.
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No es la primera vez que el gobernador nortesantandereano se ve salpicado en un escándalo. En el 2009, durante su primer mandato departamental, fue suspendido por la Contraloría luego de financiar dos proyectos con dinero que pertenecía al Fondo Nacional de Calamidades. Después, en el 2019, durante su segundo mandato, fue suspendido por la Procuraduría por irregularidades en un contrato de bilingüismo por $11.998 millones con la empresa Nui Telco S.A.S.
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