La pelea, literalmente hablando, entre los taxistas y los conductores de carros particulares que usan plataformas como Uber e InDriver, tiene un componente profundo del que poco se habla y en el cual podría estar el verdadero meollo del asunto: el denominado cupo.
La cantidad de vehículos tipo taxi autorizados para operar en cada ciudad, es limitado y se mantiene congelado desde hace varios años. Esa autorización para operar un taxi es lo que se conoce como cupo y debido a que el mercado es cerrado (solo los alcaldes y/o el Ministerio de Transporte pueden aumentar el número de taxis en su jurisdicción), y ha permanecido así por años, ese derecho fue cobrando valor convirtiéndose en muchos casos en una cifra superior al carro mismo. Las ciudades han crecido, pero no así el número de taxis autorizados lo que convierte a los que sí pueden operar en un club privilegiado con un valor de la “acción” muy alto: el cupo.
Pero, ¿qué pasa si, por las aplicaciones o plataformas, cualquier ciudadano puede prestar el servicio de transporte de pasajeros? Que en la práctica el número de carros que transportan gente y cobran por el servicio, aumenta. Y a más carros, los cupos de los taxis pierden el valor que alcanzaron precisamente porque la demanda estaba cerrada. El club deja de ser exclusivo.
En varias ciudades de Colombia un cupo puede costar 100 millones de pesos y un taxi nuevo con cupo, unos 150 millones. Con esa misma plata se pueden comprar 5 carros con placa particular y ponerlos a trabajar usando plataformas.
Más allá de las discusiones sobre derecho al trabajo, igualdad de condiciones y todo lo demás, la competencia de las plataformas amenaza con acabar con el denominado cupo. Y el cupo significa muchos miles de millones.
