Este viernes 30 de octubre se realizó, desde Medellín, la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra ocho exmilitares y cuatro expolicías por su participación en hechos violentos contra población civil en la capital antioqueña en asocio con grupos paramilitares, en el periodo entre 2001 y 2004.

Tras analizar las investigaciones, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que los doce exintegrantes de la fuerza pública están involucrados de alguna manera, algunos por omisión, en homicidios, desapariciones, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecución contra civiles y líderes comunitarios a los que señalaban como integrantes o colaboradores de milicias guerrilleras.

Fotografía tomada de la JEP

La imputación se hace por casos ocurridos entre los años 2001 y 2004 que afectaron a 891 personas en la Comuna 13 y sectores aledaños. Dentro de esa cifra hay 80 homicidios, 87 desapariciones forzadas, 289 desplazamientos forzados, 74 agresiones físicas, 34 casos de tortura, 7 agresiones sexuales y 380 privaciones graves de la libertad; los cuales se cometieron, además, en una alianza entre autoridades y grupos paramilitares.

La investigación pertinente se hizo en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 08 y 671 personas se acreditaron ante la JEP como víctimas.

Para determinar a los responsables y su grado de participación la Sala de Reconocimiento recibió los testimonios de 79 de integrantes de la fuerza pública, 46 de víctimas y habitantes de la Comuna 13, 16 de funcionarios públicos y nueve de exparamilitares. Además, se revisaron 200 expedientes de los homicidios y desapariciones forzadas.

Como autores por omisión impropia, por el incumplimiento de sus deberes de mando, control, verificación, investigación y protección, fueron identificados el brigadier general (r) Mario Montoya Uribe, comandante de la IV Brigada; el coronel (r) Bernardo Gutiérrez Camelo, jefe de inteligencia de la IV Brigada; el coronel (r) Jairo Bocanegra de la Torre, comandante del BIOSP; el brigadier general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, comandante de la MEVAL; y el coronel (r) Álvaro Botero Mejía, subcomandante operativo de la MEVAL.

Como coautores por planeación, ejecución o encubrimiento fueron imputados el coronel (r) Juan Armando René Cadena Montenegro, el capitán (r) Carlos Mauricio Rojas Martínez, el coronel (r) Julián Ernesto Cadena Castillo, el coronel (r) Darío Enrique Cortés Castillo, el mayor (r) Sergio Enrique Pérez García y el sargento Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa.

Por su parte, el mayor (r) Jhon Jairo López Valencia fue imputado como coautor de homicidios y autor por omisión.

Tras ser notificados de la imputación, los comparecientes deberán reconocer o negar con pruebas su responsabilidad en los delitos mencionados.

Las víctimas también tendrán un plazo para presentar sus observaciones sobre la imputación.

Si los comparecientes reconocen su responsabilidad recibirán sanciones restaurativas. Si la niegan serán remitidos a un proceso adversarial en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en el que podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión si se demuestra su responsabilidad.

Habib Merheg Marún