La Procuraduría sancionó al exgobernador de Córdoba al señalarlo como responsable del desfalco de recursos en el departamento por valor de 80 mil millones de pesos, comprometiendo a algunos  dirigentes políticos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el llamado cartel de la toga.

La historia es simple, Alejandro Lyons literalmente se ROBO 80 mil millones de pesos, que fueron distribuidos entre entre el Cartel de la Toga y ahora que es sancionado, se le multa con 5 mil millones y le asignan 5 años de cárcel.

La matemática es fácil: Roba 80.000 millones, regresa 5.000, se queda con 75.000 y paga cinco años de detención. O sea gana 15.000 millones al año estando detenido.

El gobernador Lyons sostuvo reuniones con el exdirector de regalías, Jairo Alberto Zapa Pérez, y el representante de las entidades cooperantes, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, para acordar comisiones a cambio de la celebración de los convenios. Zapa terminó muerto en el 2014 tras recibir amenazas por su colaboración con la justicia. En esas reuniones se acordaron el pago de coimas por  $12.000 millones los cuales fueron pagados a medida que se entregaban los recursos a los contratistas.

Por ello la Procuraduría encontró culpable al exgobernador Lyons de tres cargos: interés indebido en la celebración de contratos, incremento injustificado de su patrimonio y concierto para delinquir.

Ante casos como este, la pregunta que se hace la comunidad es: ¿Cómo creer en un gobierno y un sistema de justicia que teniendo todas las evidencias solo condena a cinco años a alguien que se ha apropiado de 80 mil millones de pesos? Nada de raro sería que también le asignen «casa pro cárcel» para legitimar las injusticias en Colombia.