La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a 20 exintegrantes de las extintas Farc-EP a reconocer su responsabilidad en el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.
Los comparecientes llamados tenían cargos de mando o roles determinantes de reclutamiento de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe y Magdalena Medio, siendo el Bloque Oriental, según la JEP, el mayor involucrado en los casos, con cerca de la mitad de las víctimas documentadas.
En medio de las investigaciones del Caso 07, que se trata del reclutamiento y la utilización de niños y niñas cometidos por las antiguas Farc-EP, se estableció que al menos 18.677 menores fueron víctimas de ese delito en mayor parte de las regiones colombianas, solamente exceptuando San Andrés y Santa Catalina. De esos casos, al menos 8.987 fueron cometidos por el Bloque Oriental.
Los comparecientes llamados son:
Fabián Ramírez Cabrera, Rodolfo Restrepo Ruiz, Ángel Alberto García Sánchez, Álvaro Guazá Carabalí, Darío Lee Díaz, Floresmiro Burbano, Erasmo Traslaviña Benavides, Pedro Trujillo Hernández, Jairo Reinaldo Cala Suárez, Luis Óscar Úsuga Restrepo, Martín Cruz Vega, Jesús Mario Arenas Rojas, Abelardo Caicedo Colorado, Gilberto de Jesús Giraldo David, Luis Eduardo Rayo, Henoc Capera Trujillo, Elmer Caviedes, Jerminson Álvaro Noreña Camargo, Gustavo Gómez Urrea y Álvaro García Velandia.
Además, la JEP aclaró que no fueron llamados a reconocer responsabilidad en este delito los integrantes del Bloque Occidental, pues estos ya fueron imputados por otros casos de reclutamiento y legalmente se impide que haya atribuciones penales por los mismos hechos.
De igual manera, la JEP recordó que por este delito ya habían sido declarados como máximos responsables Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, integrantes del último secretariado de las Farc-EP, en cinco patrones:
Reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidos menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas; violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas; y violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas.
La JEP también indicó que en la investigación del Caso 07 se hallaron hechos que agravaron el reclutamiento de menores, como que algunas de las víctimas tenían menos de 15 años, algunas de ellas murieron en combate y otras fueron desaparecidas, habiendo aún familias que siguen sin tener información que les permita dar con el paradero de sus menores reclutados.
Si los comparecientes llamados reconocen su responsabilidad continuarán con un proceso que conduce a imposición de sanciones. Quienes no la reconozcan serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la cual los puede acusar ante el Tribunal para la Paz, en el cual, a su vez, pueden ser vencidos en juicio y enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión.
