Lucy Jeannette Bermúdez es la magistrada que devolvió al Partido MIRA 3 de las curules que no habían ganado «supuestamente» en elecciones. Tardó tres años estudiando la demanda del partido MIRA, sabiendo que tras conocer los resultados de las votaciones, algo se ocultaba detrás de las cifras.
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El reto par la magistrada era ir hasta el fondo del asunto y descubrir qué se escondía detrás de los fraudes electorales más grandes de los últimos tiempos. Puso en el ojo del huracán al sistema de conteo de votos en las elecciones colombianas que tiene a los candidatos presidenciales con las alertas prendidas.
No era la primera vez que esta mujer, egresada de la Universidad Gran Colombia de Bogotá, se embarcaba en una empresa que podría desprestigiar su carrera, pero esa misma perseverancia la llevó, junto a otra consejera de Estado dura como Stella Conto, a tomar la decisión y votar en la sala plena para anular la elección de Francisco Ricaurte como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Ricaurte, también expresidente de la Corte Suprema, quien hoy está siendo investigado por el escándalo del ‘Cartel de la toga’ y se encuentra detenido en La Picota mientras define su situación.
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Sin temor y con mucho temple Bermúdez ha tenido que soportar las arremetidas del x presidente Uribe que , quien en el 2016 aseguró que la magistrada pretendía “ayudar al Gobierno para imponer, a la brava, lo acordado con las FARC”, luego de que Bermúdez adelantara una ponencia en la que aseguró que la campaña del NO en el plebiscito había usado estrategias tramposas y existía un engaño generalizado.
Con 20 años de experiencia, decidió salir de la Procuraduría con la llegada de Alejandro Ordóñez, a pesar del respeto que le tenía al exprocurador que terminó siendo destituido, precisamente, por el Consejo de Estado. La magistrada Bermúdez fue una de las consejeras que votó en favor de anular su elección.
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En 2014, el Partido MIRA entregó toneladas de archivos y pruebas que llegaron en una tractomula hasta el Consejo de Estado. Incluso tuvieron que arrendar el piso completo de un edificio cerca al Palacio de Justicia para guardar los documentos. El caso le tocó a la magistrada Lucy Jeannette. Durante más de dos meses, revisó con su equipo de trabajo cada documento solo para saber si aceptaría la demanda o no. Desde ese momento tuvo que enfrentarse a las trabas burocráticas de la Registraduría que durante tres años le sacó decenas de excusas para no entregarle el material electoral que ella solicitaba.
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Mientras tanto, Thomas Greg & Sons, la empresa que a través de una unión temporal ha controlado el conteo de votos durante ocho años y le entregó a la Registraduría el software que fue saboteado para cambiar los resultados de hace cuatro años, le decía que ese sistema era privado pero que además no lograría rastrear los resultados de 2014 porque había sido actualizado.
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No desistió y presionó con multas y sanciones a funcionarios si no le entregaban lo que ella pedía. Solo hasta 2017 la Registraduría le dio los respaldos de seguridad del software. “Primero me decían que no sabían en dónde estaban esos respaldos, luego que la llave del cuarto estaba perdida, también que la persona que la tenía ya no trabajaba en la institución, hasta que presionamos tanto que se vieron obligados a entregarlos. No creo que hayan actuado de mala fe, pero no hubo una verdadera colaboración para avanzar en la investigación”.
Bermúdez hubiese podido abandonar la investigación después del primer año y concluir que no había pasado nada; sin embargo, desde su formación en el Liceo Nacional Femenino Magdalena Ortega de Nariño le enseñaron ha mantenerse firme en su posición, y con una persistencia única y poderosa, terminó descubriendo el sabotaje al software, por el que tendrán que responder tanto la Registraduría, que en esos años estaba al mando de Carlos Ariel Sánchez, como Juan Carlos Galindo, quien asumió el cargo desde diciembre de 2015. “Yo me reuní varias veces con ellos y tuve que insistirles porque me decían una cosa, pero luego me salían con otra”.
Después de publicado el fallo, Lucy Jeannette estaba segura de que los medios la iban a buscar sin descanso y el impacto en la opinión pública iba a ser inmenso, pero nada de eso sucedió. “Me sorprende que solo cinco meses después se esté hablando de esto, pero no por la decisión del Consejo de Estado, sino por lo dicho por el doctor Petro y la Fundación PARES”. Además, no vacila en asegurar que este ha sido uno de los casos más importantes desde 1991. “Su magnitud es equivalente a todos los procesos de nulidad electoral que ha habido desde la constituyente hasta hoy”.
Ahora el registrador Galindo tendrá que darle garantías a las personas y candidatos para que esto no se repita. Mientras tanto, la magistrada Lucy Jeannette hace un llamado a mantener la confianza en las votaciones, pero sabiendo que es necesario exigirle a la empresa Thomas Greg & Sons y la unión temporal de empresas, además de la Registraduría, que entregue un software verdaderamente seguro para las elecciones, día clave para cualquier democracia.
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Así las cosas, es evidente que exista mucha desconfianza por parte de los partidos minoritarios en Colombia con respecto a los procesos de votación y conteo de votos de la Registraduría.
Director: Habib Merheg Marún